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(23 DE ABRIL, 2026).-El Pleno del Senado de la República acordó invitar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y al fiscal estatal, César Gustavo Jáuregui Moreno, a una reunión programada para el próximo 28 de abril a las 11:00 horas, con integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, con el objetivo de esclarecer los hechos en los que murieron dos ciudadanos estadounidenses.
El acuerdo, avalado en votación económica, establece que ambos funcionarios deberán detallar las circunstancias del caso, así como informar sobre el avance de las investigaciones. Además, se les solicitó enviar previamente un informe completo a la Cámara Alta que incluya la cronología de los acontecimientos, autoridades involucradas, comunicaciones con instancias federales y cualquier actuación relacionada.
Antes de la aprobación, senadoras y senadores rindieron un minuto de silencio en memoria de las víctimas del incidente ocurrido el pasado 20 de abril en Chihuahua: los agentes estadounidenses Richard Leiter Johnston y John Dudley Black, así como los elementos de investigación estatales Pedro Román Oseguera Cervantes y Manuel Genaro Méndez Montes.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, señaló que existe una posible responsabilidad política y jurídica por parte del gobierno estatal, en caso de que se confirme la presencia o coordinación con agentes extranjeros sin el conocimiento o autorización de la Federación. Precisó que la invitación no implica sanciones ni prejuzga culpabilidad, pero sí activa mecanismos de control político y rendición de cuentas ante posibles implicaciones constitucionales y de seguridad nacional.
Cantón Zetina subrayó que el caso trasciende el ámbito local, al involucrar crimen organizado, funcionarios mexicanos, presuntos agentes extranjeros y eventuales afectaciones a la soberanía nacional.
Por su parte, el senador de Morena Juan Carlos Loera de la Rosa, promovente del punto de acuerdo, argumentó que la intención es aclarar versiones contradictorias sobre los hechos y evitar antecedentes como el operativo “Rápido y Furioso”.
El senador Gerardo Fernández Noroña subrayó que incluso legisladores del PAN admitieron que se trataba de agentes vinculados a la Central Intelligence Agency, y recordó que dicha agencia ha sido señalada históricamente por su participación en intervenciones orientadas a desestabilizar gobiernos democráticos y promover golpes de Estado en diversos países.
Asimismo, afirmó que el gobierno de Chihuahua habría proporcionado uniformes de la policía estatal a los agentes estadounidenses y advirtió que, de no haber ocurrido el accidente vehicular, las autoridades estatales habrían continuado respaldando su presencia.
El senador Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, acusó a las autoridades actuales de esa entidad de desviar la atención del tema central: la presunta presencia de agentes extranjeros. Señaló que, en su opinión, primero se intentó ocultar la situación y posteriormente se buscó confundir a la opinión pública con versiones contradictorias.
Corral criticó las explicaciones ofrecidas por el gobierno estatal, al calificarlas como inconsistentes, al señalar que se ha pasado de una posible violación legal a argumentos que consideró inverosímiles, como la versión de que los agentes extranjeros únicamente habrían solicitado un “aventón” en la sierra durante la madrugada.
El legislador recordó que la Constitución mexicana prohíbe de manera absoluta —no parcial— la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, por lo que, de confirmarse los hechos, se trataría de una falta grave al marco legal.
Asimismo, sostuvo que el caso ha evidenciado una falta de lealtad del gobierno de Chihuahua frente al gabinete de seguridad federal. Finalmente, lanzó críticas contra sectores del Partido Acción Nacional, al señalar que existe una inclinación histórica de algunos de sus integrantes hacia posiciones favorables a Estados Unidos.
En contraste, legisladores de oposición cuestionaron la legalidad del llamado. El senador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, sostuvo que el Senado carece de facultades para citar a gobernadores, atribución que corresponde a los congresos locales. En la misma línea, la priista Claudia Edith Anaya Mota afirmó que no existen instrumentos constitucionales para este tipo de invitaciones, aunque coincidió en la importancia de respetar el orden constitucional.
El senador Marko Cortés Mendoza, del Partido Acción Nacional, cuestionó el carácter limitado de la invitación aprobada por el Senado y planteó —sin lograr consenso— que también acudieran a comparecer los titulares de las secretarías federales de Defensa, Seguridad y Relaciones Exteriores, con el fin de esclarecer de manera integral la posible presencia de agentes extranjeros en el país.
Durante su intervención en el pleno, el legislador expresó dudas sobre la negativa a convocar a dichos funcionarios, al señalar que estas dependencias tienen responsabilidad directa en temas vinculados con la entrada y actuación de extranjeros en territorio nacional.
Desde Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas advirtió que el dictamen invade competencias, al considerar que una comparecencia “disfrazada de invitación” sigue siendo un acto fuera del marco legal.
En tanto, el senador del PVEM Luis Alfonso Silva Romo enfatizó que ninguna intervención extranjera debe permitirse sin autorización del Estado mexicano y advirtió que, de confirmarse irregularidades, podrían configurarse delitos graves, incluso relacionados con traición a la patria.
