Portada: @BertaAlcalde
(21 DE ABRIL, 2026).-La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, calificó como “inadmisible” la respuesta tardía de las autoridades en el caso de Edith Guadalupe Valdés, joven de 21 años que fue asesinada tras salir a buscar empleo. La funcionaria confirmó que tres servidores públicos fueron separados de sus cargos debido a posibles negligencias en la atención inicial.
Durante una conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía capitalina reconoció que, desde un inicio, la familia de la víctima proporcionó información clave —incluido el lugar donde debía iniciarse la búsqueda—, pero esta no fue atendida con la urgencia necesaria. “Resulta indignante que, teniendo datos precisos, no se haya actuado de inmediato”, señaló.
Alcalde Luján admitió que el caso evidenció deficiencias estructurales dentro del sistema de procuración de justicia, particularmente prácticas burocráticas que retrasan acciones sustantivas. Explicó que, si bien se abrió una carpeta de investigación y se realizaron diligencias, se priorizaron procedimientos secundarios en lugar de acudir al punto señalado como prioritario, lo que afectó el curso de las indagatorias.
La fiscal subrayó que la dependencia no busca responsabilizar sin sustento y aseguró que la investigación se conduce con rigor. “No vamos a fabricar culpables. Las acciones que se han tomado se basan en elementos sólidos que apuntan a una probable responsabilidad, y el proceso continuará hasta esclarecer completamente los hechos”, afirmó.
Respecto a los funcionarios removidos, detalló que se trata de una agente del Ministerio Público que omitió incluir información relevante en su reporte, así como dos elementos de la Policía de Investigación (PDI), uno de los cuales atendió inicialmente a la familia y otro que, en el turno siguiente, tampoco acudió al domicilio señalado por los familiares.
De acuerdo con la Fiscalía, la madre de Edith proporcionó a una funcionaria ministerial la dirección donde su hija fue vista por última vez; sin embargo, ese dato no fue incorporado en el informe enviado a la PDI, lo que obstaculizó las primeras diligencias. Para la fiscal, esta omisión representa una falta grave.
Además, el primer agente que tuvo contacto con la familia es investigado por presuntos actos de corrupción, situación que también derivó en su suspensión. El segundo elemento implicado igualmente fue separado del cargo por no dar seguimiento a la información disponible.
Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que el feminicidio no quedará impune y respaldó las acciones emprendidas por la Fiscalía. Indicó que ya existe una investigación en curso contra los funcionarios involucrados y destacó la importancia de esclarecer los hechos con base en lo señalado por la familia.
Durante un evento público, la mandataria enfatizó que su administración no tolerará irregularidades en casos de esta naturaleza y adelantó que se reforzarán los mecanismos de supervisión dentro de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, particularmente en investigaciones relacionadas con desapariciones.
“Es una situación lamentable, pero se está actuando. La ciudadanía debe tener certeza de que no se encubrirá a nadie y que habrá consecuencias para quienes resulten responsables”, concluyó.
