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(07 DE ABRIL, 2026).-El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, disposición que regula el procedimiento mediante el cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede incorporar a clientes y usuarios del sistema bancario a la lista de personas bloqueadas por posibles vínculos con delitos financieros.
La resolución fue aprobada por mayoría de seis votos contra tres, bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, al analizar la acción de inconstitucionalidad 58/2022 presentada por 49 senadores de los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes impugnaron reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2022.
El decreto cuestionado modificó la denominación del Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito e incorporó un nuevo Capítulo V, enfocado en las prohibiciones, sanciones administrativas, delitos y el derecho de audiencia de las personas incluidas en la llamada lista de bloqueados.
Con la adición del artículo 116 Bis 2, se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la UIF, podrá ordenar la inclusión de una persona en dicha lista cuando existan indicios suficientes que la relacionen con operaciones con recursos de procedencia ilícita —conocidas como lavado de dinero—, financiamiento al terrorismo o delitos vinculados.
La norma también contempla mecanismos de defensa para quienes sean incorporados al listado, permitiéndoles ejercer su derecho de audiencia mediante un procedimiento administrativo ante la propia Unidad de Inteligencia Financiera, con el fin de impugnar o aclarar su situación.
Con esta decisión, el máximo tribunal constitucional validó la facultad del Estado mexicano para aplicar medidas preventivas dentro del sistema financiero destinadas a combatir delitos de carácter económico y actividades relacionadas con el financiamiento ilícito.
