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(06 DE ABRIL, 2026).-El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada solicitó al secretario general de la ONU remitir a la Asamblea General la situación de las desapariciones en México para que el organismo analice acciones orientadas a apoyar al Estado mexicano en la prevención, investigación, sanción y erradicación de este delito.
El Comité concluyó que existen “indicios fundados” de que en el país se han cometido y continúan registrándose desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, al considerar que se han presentado ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diversas regiones.
Crisis persistente y autoridades rebasadas
El organismo aclaró que no encontró evidencia de una política federal dirigida a cometer desapariciones forzadas y tomó nota de la postura del gobierno mexicano, que atribuye gran parte de los casos a organizaciones criminales y no a agentes estatales.
Sin embargo, indicó que en algunos expedientes recibió información sustentada que apunta a la posible participación directa de servidores públicos o a su autorización, apoyo o tolerancia.
El presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro, señaló que el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad ocurran en todo el territorio ni que sean ordenados desde los niveles más altos del gobierno, sino que se evalúan por la magnitud y el patrón de los ataques dirigidos contra la población civil.
El informe subraya la gravedad del fenómeno al mencionar el hallazgo continuo de fosas clandestinas: más de 4 mil 500 sitios localizados con al menos 6 mil 200 cuerpos y 4 mil 600 restos humanos, además de alrededor de 72 mil restos sin identificar. Según el Comité, pese a las medidas adoptadas en años recientes, los datos disponibles no muestran mejoras sustanciales y las autoridades continúan rebasadas por la dimensión de la crisis.
Ante ello, pidió que la Asamblea General considere brindar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para fortalecer las tareas de búsqueda, análisis forense e investigación, así como la creación de mecanismos eficaces de verdad, protección y acompañamiento para familiares y colectivos de búsqueda.
Gobierno rechaza informe y defiende avances
El Gobierno de México rechazó el documento del Comité al considerarlo “tendencioso y falto de rigor jurídico”. En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores afirmaron que el análisis omite avances institucionales logrados desde 2018 y no incorpora adecuadamente la información entregada por el Estado mexicano.
Las dependencias señalaron que el diagnóstico se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2007 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, además de centrarse en casos de cuatro entidades federativas: Coahuila, Nayarit, Jalisco y Veracruz.
El gobierno subrayó que el propio Comité reconoce la inexistencia de indicios sobre una política federal para cometer ataques sistemáticos contra la población civil, lo que —aseguró— refleja una realidad distinta a la de periodos anteriores.
Asimismo, defendió las reformas impulsadas recientemente, entre ellas la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la apertura obligatoria de investigaciones desde el primer reporte, nuevas bases nacionales de información, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y de la Comisión Nacional de Búsqueda, además de mecanismos de coordinación entre fiscalías y autoridades de búsqueda.
Las autoridades reiteraron que México mantiene cooperación internacional en la materia, aunque rechazaron evaluaciones que, a su juicio, parten de premisas alejadas de la situación actual del país.
Un desacuerdo que se arrastra desde 2019
Las tensiones entre el gobierno mexicano y el Comité contra la Desaparición Forzada no son recientes. Las diferencias se han intensificado en los últimos cuatro años, pese a que en 2019 la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador invitó al organismo a realizar una visita oficial al país para evaluar la situación.
Ese mismo año, el gobierno federal reconoció públicamente la existencia de una crisis de desapariciones y aceptó por primera vez la magnitud del hallazgo de fosas clandestinas y cuerpos localizados, abriendo el proceso al escrutinio internacional.
No obstante, las conclusiones preliminares presentadas por el Comité en 2022 marcaron el inicio del distanciamiento. El organismo sostuvo entonces que la delincuencia organizada era el principal perpetrador de desapariciones en México, con distintos niveles de participación u omisión de funcionarios públicos, y recomendó adoptar políticas preventivas para atender las causas estructurales del fenómeno, además de abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública.
El planteamiento generó fricciones con el gobierno federal. Mientras las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores afirmaron inicialmente recibir las recomendaciones con disposición de analizarlas, el entonces presidente López Obrador rechazó posteriormente los señalamientos y cuestionó su apego a la realidad, particularmente en lo relativo al papel de las fuerzas armadas y la incorporación de la Guardia Nacional a la estructura militar.
Tras completar los procedimientos establecidos en la convención internacional, el Comité difundió la semana pasada su informe final y decidió remitir de manera urgente la situación mexicana a la Asamblea General de la ONU, lo que provocó una reacción inmediata del gobierno federal, que volvió a descalificar el documento.
