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(2 DE ABRIL, 2026).-El Gobierno de México, a través de un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, rechazó el más reciente informe del Comité de Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU, al considerar que presenta un análisis “tendencioso” y omite avances institucionales implementados en el país desde 2018.
Las autoridades mexicanas señalaron que el documento del Comité no tomó en cuenta información actualizada entregada por el Estado el pasado 27 de marzo, en la que —afirman— se detallan reformas legales y medidas institucionales que no coinciden con las conclusiones del organismo internacional.
De acuerdo con el posicionamiento oficial, el procedimiento de la Convención Internacional en la materia está diseñado para contextos donde las desapariciones forzadas son “generalizadas y sistemáticas” y cometidas por agentes del Estado con negativa de cooperación, una situación que, aseguran, “no corresponde a la realidad del México actual”.
El gobierno también subrayó que el informe del CED se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y en casos localizados en cuatro estados, lo que —a su juicio— refuerza el carácter “parcial y sesgado” de la evaluación.
Asimismo, destacó que el propio Comité reconoce, en apartados específicos de su resolución, la ausencia de indicios sobre una política federal orientada a cometer desapariciones forzadas de manera sistemática, lo que, según el comunicado, refleja un cambio respecto a periodos anteriores.
En otro punto, el Gobierno de México cuestionó el rigor jurídico del informe y denunció posibles conflictos de interés entre integrantes del Comité, señalando que al menos uno de ellos habría trabajado previamente con organizaciones que han presentado denuncias contra el Estado mexicano.
Las autoridades reiteraron que el Estado “no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas” y defendieron las reformas aprobadas en julio de 2025, resultado —según indicaron— de un proceso de diálogo con colectivos de familiares de víctimas.
Entre las medidas destacadas se encuentran la creación de una Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de iniciar investigaciones desde el primer reporte, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, la implementación de una Plataforma Única de Identidad y la consolidación de la coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y la Fiscalía General de la República.
El comunicado también enfatiza que México mantiene una política de cooperación constante con organismos internacionales, reconocida por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y expresó su disposición a continuar colaborando a nivel internacional, aunque advirtió que no aceptará evaluaciones basadas en “premisas que no reflejan su realidad actual”.
