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(26 MARZO, 2026).-La Cámara de Senadores aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, tras alcanzar la mayoría calificada requerida para modificar la Carta Magna.
El dictamen fue avalado en lo general con 87 votos a favor y 41 en contra. Posteriormente, en la discusión en lo particular, el Pleno aprobó modificaciones y confirmó el proyecto en los términos finales antes de remitirlo a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.
Revocación de mandato se mantiene intacta
Durante el análisis en lo particular, el Senado aceptó una reserva presentada por la senadora Lizeth Sánchez García, del Partido del Trabajo (PT), mediante la cual se eliminaron los cambios propuestos al artículo 35 constitucional relacionados con la revocación de mandato.
La legisladora argumentó que, aunque su bancada respalda el proyecto de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el fortalecimiento de la participación ciudadana, la revocación de mandato y los procesos electorales cumplen funciones distintas, por lo que integrarlos en un mismo proceso podría distorsionar su sentido democrático.
“Nuestra reserva propone eliminar en su totalidad el Artículo 35 dentro de este dictamen, para que la revocación de mandato se mantenga en los términos vigentes de la Constitución y conserve su naturaleza democrática. No se trata de debilitar la participación ciudadana, se trata de protegerla”, sostuvo la senadora.
Con esta modificación, la figura de revocación de mandato permanece en los términos actualmente vigentes en la Constitución.
Cabe recordar que el martes, durante la aprobación del dictamen que este miércoles fue presentado ante el Pleno, el PT se ausentó de la reunión extraordinaria de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado. Sin embargo, al día siguiente apoyó en términos generales la Reforma Electoral, aunque retiró del llamado “Plan B” la figura de la revocación de mandato, marcando así su desacuerdo con las modificaciones promovidas por la Presidenta.
Dos semanas antes, el 11 de marzo, la Cámara de Diputados había rechazado la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo, tras la negativa del PT y del PVEM, partidos considerados aliados de Morena.
Cambios en gobiernos municipales y gasto legislativo
La reforma introduce ajustes a la organización municipal y al gasto público local. Entre ellos, establece que los ayuntamientos podrán integrarse por una sindicatura y hasta quince regidurías.
Asimismo, dispone que el presupuesto de las legislaturas locales no podrá exceder el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad federativa.
En materia de austeridad, el dictamen también fija que consejeros, magistrados y altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), de los organismos públicos locales electorales y de los tribunales electorales estatales no podrán percibir remuneraciones superiores a la de la persona titular del Ejecutivo Federal.
Reducción progresiva del presupuesto del Senado
El proyecto incluye un artículo transitorio que ordena reducir de manera progresiva el presupuesto anual del Senado durante los próximos cuatro ejercicios fiscales, con el objetivo de alcanzar una disminución acumulada equivalente al 15 por ciento al término de ese periodo.
Posturas encontradas en el debate
Durante la discusión, la senadora Martha Lucía Micher Camarena, de Morena, defendió que la reforma fortalece la soberanía popular al consolidar la revocación de mandato como un mecanismo efectivo de control democrático y no meramente simbólico.
Desde la oposición, la senadora del PAN Verónica Rodríguez Hernández sostuvo que la reforma busca concentrar el poder y vulnerar el federalismo al definir desde el ámbito federal la integración de los cabildos municipales sin consultar a los congresos locales.
El coordinador del PRI, Manuel Añorve Baños, afirmó que la iniciativa pretende establecer mecanismos de control político y cuestionó que pueda favorecer al Ejecutivo federal mediante el uso de recursos públicos en entidades afines.
Por su parte, el senador Waldo Fernández González, del PVEM, señaló que la reforma establece límites razonables para hacer más eficiente la integración de los ayuntamientos y evitar excesos en la conformación de regidurías.
El dirigente del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, expresó el respaldo general de su bancada al dictamen, aunque reiteró su desacuerdo con las modificaciones originalmente planteadas sobre el artículo 35.
En contraste, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, anunció el rechazo de su grupo parlamentario al llamado “Plan B”, al considerar que institucionaliza la inequidad electoral y desnaturaliza mecanismos de participación ciudadana.
Votos particulares sin trámite
La Mesa Directiva informó que diversos senadores del PAN y Movimiento Ciudadano presentaron votos particulares; sin embargo, estos no fueron tramitados debido a que no incluyeron un texto alternativo al dictamen, requisito establecido en el reglamento legislativo.
Con su aprobación en el Senado, la reforma constitucional continúa ahora su proceso en la Cámara de Diputados, donde deberá ser analizada antes de enviarse a los congresos estatales para su eventual ratificación.
