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(24 DE MARZO, 2026).-La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, presentó una iniciativa de reforma constitucional para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, la cual propone penas de entre 40 y 70 años de prisión, incorpora 21 agravantes y establece que toda muerte violenta de una mujer sea investigada bajo la hipótesis de feminicidio.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la propuesta será enviada al Senado entre este martes y miércoles, y subrayó que el objetivo central es garantizar investigaciones con perspectiva de género desde el primer momento.
“De inicio, cualquier muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio”, afirmó la mandataria, quien sostuvo que existe consenso político y social para fortalecer los mecanismos legales contra este delito.
Sheinbaum señaló que la reforma busca atender la deuda histórica del Estado mexicano en materia de justicia para mujeres y familias víctimas de violencia feminicida, mediante protocolos claros que permitan sancionar a los responsables y fortalecer los sistemas de protección.
Reforma constitucional y homologación nacional
La fiscal explicó que la iniciativa plantea modificar el inciso A de la fracción XXI del artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general que establezca el tipo penal de feminicidio y sus sanciones, con el fin de homologar criterios en todo el país.
El objetivo es articular acciones entre los distintos niveles de gobierno e instituciones para garantizar el acceso de mujeres, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia, así como fortalecer la prevención, investigación y sanción de este delito.
Godoy sostuvo que el feminicidio debe entenderse no solo como un ilícito penal, sino como una grave violación a los derechos humanos que requiere respuestas estructurales del Estado, tanto legislativas como de política pública.
Tipo penal y agravantes
La propuesta reconoce nueve razones de género para configurar el feminicidio, entre ellas signos de violencia sexual, lesiones degradantes, antecedentes de violencia, relaciones de poder o subordinación, incomunicación de la víctima, estado de indefensión o exposición del cuerpo.
Además, contempla penas de 40 a 70 años de prisión, sanciones para la tentativa equivalentes a entre la mitad y dos terceras partes de la pena, multas económicas y 21 agravantes.
Entre estas se incluyen casos en los que la víctima sea niña, adolescente o persona mayor; tenga discapacidad; el crimen se cometa frente a hijas o hijos; se encuentre en movilidad migrante o pertenezca a pueblos originarios, entre otros supuestos.
Investigación obligatoria y sin prescripción
La iniciativa establece que el delito de feminicidio será investigado y perseguido de oficio, mientras que las sanciones y la reparación integral del daño serán imprescriptibles.
Asimismo, el responsable perdería derechos sucesorios sobre bienes de la víctima, así como la patria potestad, tutela, guarda y custodia de hijas e hijos, además de cualquier beneficio legal relacionado con víctimas directas o indirectas.
El proyecto también plantea homologar protocolos de investigación en todo el país, incorporando de manera obligatoria la perspectiva de género, el análisis de contexto de violencia, la preservación adecuada de indicios y la coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas.
Fiscalías especializadas y continuidad procesal
La reforma propone que las fiscalías cuenten con unidades especializadas con personal certificado —ministerios públicos, policías y peritos capacitados— que participen de manera continua en todas las etapas del proceso penal, desde la investigación inicial hasta la ejecución de la sanción.
Godoy explicó que este modelo busca evitar interrupciones en las investigaciones por cambios de turno y garantizar la debida diligencia reforzada en cada caso.
Además, se contempla el derecho de las víctimas a la reparación integral del daño, mecanismos de coordinación institucional y el desarrollo de políticas públicas para la prevención del feminicidio.
Modelo nacional de investigación
La presidenta recordó que, durante su gestión como fiscal capitalina, Godoy impulsó un esquema de investigación especializado que permitió reducir la impunidad en casos de feminicidio en la Ciudad de México, modelo que ahora se busca replicar a nivel nacional.
“La propuesta es que todas las fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio”, afirmó.
Finalmente, la fiscal adelantó que el próximo 15 de abril presentará el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, el cual será entregado tanto al Senado como a la titular del Ejecutivo federal.
