Portada: Monero Hernández
(20 DE MARZO, 2026).-El grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Senado advirtió que su apoyo a la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como “Plan B”, dependerá de que se realicen modificaciones al proyecto, particularmente en lo relacionado con la figura de la revocación de mandato.
Los legisladores petistas señalaron que, debido a que sus seis votos son clave para alcanzar la mayoría constitucional requerida, consideran necesario corregir aspectos que califican como imprecisos dentro de la iniciativa. Entre sus principales planteamientos está que, así como se contempla que la titular del Ejecutivo pueda promover el ejercicio de revocación, también se permita explícitamente a los partidos políticos participar en su difusión.
El senador Alejandro González Yáñez explicó que la dirigencia nacional del PT y sus coordinadores legislativos sostuvieron una reunión para revisar el contenido del proyecto y acordaron no fijar una postura definitiva hasta que se aclaren diversos artículos cuya redacción consideran ambigua.
Uno de los puntos centrales, detalló, es precisar el momento en que debe realizarse la revocación de mandato. Actualmente —indicó— el texto constitucional deja abierta la posibilidad de que ocurra en distintos momentos del sexenio, al mencionar tanto el tercer como el cuarto año de gobierno, lo que genera interpretaciones contradictorias.
Cuestionado sobre si el partido preferiría evitar que el ejercicio se lleve a cabo en 2027, el legislador evitó pronunciarse y reiteró que la prioridad es contar con una redacción clara antes de definir su posición final.
Asimismo, expresó preocupación por el apartado que permite a la persona sujeta al proceso difundir la consulta y promover el voto a su favor, ya que —según dijo— no queda claro si esa facultad también aplicaría para los partidos políticos, lo que podría generar desigualdad en la promoción del mecanismo.
González Yáñez insistió en que existen inconsistencias adicionales, pues en un párrafo se establece que la revocación podría convocarse al inicio del segundo o tercer año del periodo presidencial, mientras que en otro se fija su realización el primer domingo de junio del tercer o cuarto año. A su juicio, estas diferencias deben resolverse para evitar interpretaciones simultáneas.
El senador añadió que mantienen diálogo permanente con legisladores de Morena y sus aliados, con la expectativa de que antes de la reunión de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos —prevista para analizar el dictamen— se atiendan las observaciones planteadas, lo cual requeriría el aval de la propia presidenta como autora de la iniciativa.
Por su parte, el vicecoordinador de Morena en el Senado, Higinio Martínez, afirmó que la bancada oficialista está lista para aprobar la reforma. Aunque reconoció que ni el PT ni el Partido Verde están obligados jurídicamente a respaldarla, sostuvo que existe un compromiso político y ético derivado de la alianza legislativa.
Respecto a la polémica sobre la posible promoción del proceso por parte de la presidenta, minimizó su impacto al argumentar que cualquier jefe de Estado influye en la opinión pública independientemente de su participación directa en campañas.
En tanto, el senador del Partido Verde Ecologista de México, Alfonso Silva Romo, aseguró que la propuesta cuenta con un amplio consenso y representa un avance hacia mecanismos de democracia directa. Rechazó además que la reforma permita a la mandataria respaldar candidatos, al considerar que el objetivo central es otorgar a la ciudadanía la facultad de solicitar la revocación del mandato presidencial en caso de inconformidad con el desempeño del Ejecutivo.
