Portada: El Fisgón
(17 DE MARZO, 2026).-La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío al Senado del denominado “Plan B” de la reforma electoral, una iniciativa que modifica leyes secundarias en materia electoral con el objetivo —según el gobierno federal— de reducir costos, limitar privilegios y fortalecer la participación ciudadana.
Durante su exposición, la mandataria explicó que la propuesta contempla reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos, enfocadas en establecer topes presupuestales y salariales dentro del sistema político-electoral.
“El plan B va por menos privilegios y más participación”, afirmó Sheinbaum, al detallar que se fijarán límites a los recursos destinados a congresos locales y ayuntamientos, así como a las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales, quienes no podrán percibir ingresos superiores al salario presidencial.
Límites al gasto público y cargos locales
Entre las principales medidas, la iniciativa plantea reducir el número máximo de regidores por cabildo a un rango de entre siete y 15 integrantes, dependiendo de la población municipal, eliminando esquemas actuales que permiten hasta 25 regidurías en algunos municipios.
Asimismo, establece que ningún regidor ni presidente municipal podrá recibir bonos, prestaciones adicionales o beneficios personales financiados con recursos públicos más allá de su salario.
En el caso de los congresos locales, se propone un tope presupuestal equivalente al 0.70% del presupuesto estatal. Las legislaturas que actualmente superen ese límite deberán reducir su gasto, mientras que aquellas por debajo solo podrán incrementarlo en términos reales.
El Senado también aplicaría una reducción del 15% en su presupuesto.
Cambios en revocación de mandato y procesos electorales
La propuesta incluye modificar el calendario de la consulta de revocación de mandato para que se realice el primer domingo de junio del tercer año de gobierno, y no únicamente en el cuarto año como ocurre actualmente.
Además, plantea que el cómputo de las elecciones federales inicie desde la recepción del primer paquete electoral, con el objetivo de agilizar los resultados.
Sheinbaum reiteró que continuará impulsando la reducción del presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y del financiamiento público a partidos políticos, propuestas que anteriormente no obtuvieron respaldo de la oposición ni de algunos legisladores del Partido Verde y del Partido del Trabajo.
Elección judicial en 2027 y mayor fiscalización
La mandataria confirmó que la elección del Poder Judicial se mantendrá programada para 2027, con ajustes orientados a reducir el número de candidatos en las boletas y reforzar la revisión de perfiles por parte de comisiones integradas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Otro eje central será la transparencia financiera de los partidos políticos. La reforma establece que sus dirigentes y funcionarios no podrán ganar más que la presidenta ni recibir prestaciones adicionales como bonos o seguros médicos privados financiados con recursos públicos.
Además, se fortalecerán los mecanismos de fiscalización, permitiendo que el INE solicite apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera para revisar el origen de los recursos partidistas y prevenir desvíos o financiamiento ilícito.
Austeridad republicana como eje
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que la iniciativa mantiene el principio de “austeridad republicana” impulsado por el actual gobierno.
“Se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana. Nadie podrá ganar más de lo que gana nuestra presidenta. “No puede ser gobierno rico con pueblo pobre”, afirmó.
Rodríguez precisó que el Plan B contempla modificaciones a siete artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a cinco de la Ley General de Partidos Políticos.
La propuesta será discutida ahora en el Senado, donde se anticipa un nuevo debate político sobre el alcance de los cambios al sistema electoral mexicano y el equilibrio entre austeridad presupuestal y autonomía institucional.
