Portada: @petrogustavo
(17 DE MARZO, 2026).-El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció durante un Consejo de Ministros un presunto bombardeo proveniente de Ecuador en la zona fronteriza común, luego del hallazgo de un artefacto explosivo que, según autoridades colombianas, habría sido lanzado desde una aeronave.
La acusación surge en un contexto de creciente tensión diplomática y comercial entre ambos países andinos. Petro afirmó que los hechos no corresponderían a acciones de grupos armados irregulares, sino a operaciones directas que representarían una violación de la soberanía colombiana.
“Están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados”, sostuvo el mandatario, quien explicó que actualmente se desarrolla una investigación para determinar el origen exacto del explosivo. Añadió además que existe una grabación del incidente que será difundida próximamente y que confirmaría múltiples estallidos en la zona.
Ecuador rechaza acusaciones
El gobierno ecuatoriano negó categóricamente las declaraciones del presidente colombiano. El mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, y la canciller Gabriela Sommerfeld aseguraron que las operaciones militares de su país se realizan exclusivamente dentro de territorio ecuatoriano.
Sommerfeld afirmó que las acciones armadas están dirigidas contra campamentos de grupos irregulares ubicados en Ecuador, los cuales —según Quito— cruzan la frontera desde Colombia.
“Lo que le puedo confirmar es que el Ecuador en efecto tiene operaciones de ataque a campamentos de grupos irregulares; no son ecuatorianos, son grupos que pasan nuestra frontera desde Colombia, pero están ubicados en territorios ecuatorianos”, declaró la canciller, calificando como falsas las acusaciones de Bogotá.
Escalada política y “guerra comercial”
El señalamiento ocurre en medio de una crisis bilateral que se intensificó a inicios de 2026 por desacuerdos políticos entre los gobiernos de Petro y Noboa, los cuales derivaron en una confrontación comercial.
El punto de quiebre fue la decisión ecuatoriana de imponer aranceles de hasta 30% a productos colombianos, argumentando desequilibrios en la balanza comercial y diferencias en materia de cooperación en seguridad y combate al narcotráfico.
Colombia respondió con medidas recíprocas, incluyendo tarifas similares a bienes ecuatorianos y la suspensión de exportaciones de energía eléctrica hacia Ecuador, un suministro considerado estratégico para el sistema energético del país vecino.
La disputa también alcanzó al sector petrolero, tras incrementos en las tarifas para transportar crudo colombiano por territorio ecuatoriano, lo que elevó costos logísticos para empresas como Ecopetrol.
Posteriormente, Ecuador endureció sus medidas comerciales al elevar los aranceles hasta el 50%, mientras Colombia mantuvo su política de reciprocidad, configurando un escenario descrito por analistas como una “guerra comercial” entre dos socios andinos cuyo intercambio bilateral supera los 2 mil millones de dólares anuales.
Aunque el volumen comercial no resulta determinante para las economías nacionales en su conjunto, especialistas advierten que el impacto es significativo en sectores productivos y regiones fronterizas, donde el intercambio económico es más intenso y depende directamente de la estabilidad entre ambos países.
