Portada: Monero Pat
(17 DE MARZO, 2026).-La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación para determinar si algún servidor público incurrió en irregularidades al no resguardar oportunamente las cabañas donde presuntamente se alojaba Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como integrantes del grupo que lo protegía.
En una tarjeta informativa, la dependencia explicó que el sitio —ubicado en un club dentro de un fraccionamiento en Tapalpa, Jalisco— no fue asegurado de inmediato debido a que no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el personal ministerial y pericial tras el operativo realizado para su captura.
La Fiscalía señaló que recientemente tuvo conocimiento de que diversas personas ingresaron sin autorización a varias cabañas del complejo, lo que habría provocado la alteración y contaminación de la escena. De manera pública, añadió, se difundió que en esos inmuebles fueron hallados documentos e indicios relacionados con posibles actividades criminales; sin embargo, la institución advirtió que no puede confirmar si dichos objetos se encontraban originalmente en el lugar.
Según la FGR, la intervención operativa que derivó en la detención del presunto líder criminal fue un despliegue de alta complejidad táctica cuyo objetivo central era su captura. Durante el operativo se registraron enfrentamientos armados en una zona abierta y despoblada, debido a la resistencia del detenido y de integrantes de la organización criminal.
Como consecuencia de los hechos, se reportaron pérdidas humanas y el detenido resultó herido, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital para salvaguardar su vida. Paralelamente, elementos de seguridad fueron movilizados a distintos puntos estratégicos ante una posible reacción del grupo delictivo.
La institución detalló que, una vez restablecidas condiciones mínimas de seguridad, solicitó a una autoridad judicial órdenes de cateo para ingresar legalmente a seis inmuebles vinculados con la investigación. No obstante, antes de ejecutarse dichas diligencias, personas ajenas habrían accedido a los sitios sin autorización legal.
La Fiscalía advirtió que esta situación podría haber roto la cadena de custodia de eventuales pruebas, al existir una alta probabilidad de contaminación del lugar de los hechos, lo que será evaluado para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.
Finalmente, la FGR afirmó que sus actuaciones se rigen por los principios de legalidad, honestidad, profesionalismo y eficacia, y aseguró que continuará con las investigaciones relacionadas con el caso, manteniendo informada a la opinión pública conforme lo permita el debido proceso.
