Portada: El Fisgón
(05 DE FEBRERO, 2026).-La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral.
Durante la sesión presencial de este miércoles, López Rabadán informó al pleno de la recepción de la propuesta presidencial, la cual fue publicada previamente en la Gaceta Parlamentaria para su análisis legislativo.
De acuerdo con el documento, la reforma busca perfeccionar el sistema electoral vigente sin sustituirlo, mediante ajustes a los mecanismos institucionales frente a desafíos actuales como los altos costos de los procesos electorales, la complejidad administrativa, los riesgos de financiamiento indebido, la duplicidad de funciones y la exigencia de una mayor participación ciudadana.
La iniciativa señala que la propuesta responde a un compromiso adquirido por Sheinbaum durante su campaña presidencial y pretende consolidar un modelo más congruente con los principios que rigen la vida pública nacional, fortaleciendo el Estado constitucional de derecho, la legitimidad democrática y la función electoral como expresión de la voluntad popular.
Representación proporcional y elección de diputaciones
El proyecto plantea mantener el sistema mixto de integración de la Cámara de Diputados, con 300 legisladores de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. No obstante, propone modificar el mecanismo de asignación de estas últimas para reducir la percepción negativa que existe en torno a las diputaciones plurinominales.
De las 200 curules de representación proporcional, se propone que 100 sean asignadas a candidaturas que participaron en distritos y no obtuvieron el triunfo, ordenadas según el porcentaje de votación obtenido en su distrito. Las otras 100 se elegirían mediante votación directa en cinco circunscripciones regionales, incluyendo diputaciones destinadas a la representación de ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.
Según la exposición de motivos, con este modelo se busca que la pluralidad política sea resultado directo de la voluntad ciudadana y no exclusivamente de acuerdos internos o designaciones de las dirigencias partidistas.
Financiamiento y control de recursos
La propuesta también redefine el cálculo del financiamiento público para los partidos políticos. Este se determinaría anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 48.65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Asimismo, establece restricciones estrictas para el financiamiento político. Los partidos, precandidatos y candidatos tendrán prohibido recibir recursos de gobiernos extranjeros, organismos internacionales, fondos de inversión o personas extranjeras, así como de ciudadanos que residan fuera del territorio nacional.
Las aportaciones privadas deberán realizarse exclusivamente por personas físicas mexicanas mediante el sistema financiero nacional, a través de transferencias electrónicas o instrumentos financieros nominativos, y no podrán hacerse en efectivo. Además, dichas contribuciones no serán deducibles de impuestos y deberán ser reportadas al Instituto Nacional Electoral para efectos de fiscalización.
Participación ciudadana y democracia directa
El proyecto también busca ampliar los mecanismos de participación ciudadana. Entre otras medidas, establece el derecho de los ciudadanos a intervenir en consultas populares, referendos y plebiscitos, así como en otros instrumentos de democracia directa.
El Instituto Nacional Electoral podrá promover la participación en consultas mediante medios físicos y electrónicos, e incluso se prevé la posibilidad de utilizar tecnologías de la información para emitir el voto en estos ejercicios. Sin embargo, se prohíbe contratar propaganda en radio, televisión o plataformas masivas para influir en dichas consultas.
Además, los resultados de los mecanismos de democracia directa serán vinculantes para las autoridades municipales siempre que participe al menos el 40 por ciento de la ciudadanía inscrita en la lista nominal.
Inclusión y seguridad electoral
La iniciativa también establece que los partidos políticos y las autoridades electorales deberán garantizar acciones afirmativas para personas indígenas, pueblos afromexicanos y otros grupos históricamente subrepresentados al momento de seleccionar candidaturas.
Asimismo, prevé mecanismos de coordinación entre autoridades de seguridad, procuración de justicia e inteligencia financiera con la autoridad electoral para compartir información relevante sobre el registro de candidaturas, con el fin de proteger la integridad del proceso electoral.
Plazos de implementación
En el régimen transitorio se plantea que el Congreso de la Unión y los congresos estatales deberán adecuar sus leyes para cumplir con la reforma a más tardar el 15 de mayo de 2026, mientras que el Instituto Nacional Electoral deberá emitir los lineamientos necesarios dentro del mismo plazo.
Adicionalmente, se prevé que el padrón electoral y la lista nominal de mexicanos residentes en el extranjero tengan carácter permanente, y que el INE establezca las normas para garantizar su participación en la elección de diputaciones durante el proceso electoral de 2027.
