Portada: Monero Rapé
(26 DE FEBRERO, 2026).-La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que ejercerá su facultad de atracción en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl de la Sierra de Zongolica, Veracruz, quien en 2007 fue víctima de tortura sexual presuntamente a manos de elementos del Ejército y falleció al día siguiente sin recibir atención médica adecuada.
La indagatoria estará a cargo del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), en cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En un comunicado, la FGR informó que la atracción del caso responde a la orden internacional de llevar a cabo “una investigación exhaustiva sobre hechos posiblemente constitutivos de tortura sexual, así como sobre la pérdida de la vida de la agraviada”, bajo estándares reforzados de debida diligencia.
Sentencia internacional y responsabilidad del Estado
Ernestina Ascencio Rosario, de 73 años, fue agredida en febrero de 2007 en la Sierra de Zongolica. Organizaciones civiles denunciaron que fue violada y torturada por militares. Autoridades estatales de Veracruz, entonces encabezadas por el exgobernador priista Fidel Herrera Beltrán, sostuvieron inicialmente versiones que descartaban la agresión sexual.
A nivel federal, durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, se afirmó públicamente que la causa de muerte había sido una gastritis, en el contexto del inicio de la estrategia de seguridad conocida como “guerra contra el narcotráfico”.
En su sentencia del 30 de septiembre de 2025, la Corte IDH declaró responsable al Estado mexicano por la violación de los derechos a la integridad personal, la vida y el acceso a la justicia, al concluir que la investigación local no cumplió con estándares internacionales y estuvo marcada por omisiones y falta de perspectiva de género e interculturalidad.
Como parte de las medidas de reparación integral, el tribunal ordenó realizar una nueva investigación con enfoque interseccional y debida diligencia reforzada, tomando en cuenta la condición de mujer indígena y adulta mayor de la víctima.
En diciembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el Estado mexicano acatará la resolución internacional y dará cumplimiento a las medidas ordenadas por la Corte.
Con la atracción del caso por parte de la FGR, se abre una nueva etapa en un expediente que durante casi dos décadas ha sido emblemático en la denuncia de violaciones graves a derechos humanos cometidas en el contexto de la estrategia de seguridad federal iniciada en 2006.
