Portada: @Rosaicela_
(25 DE FEBRERO, 2026).-Este miércoles, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los alcances de la iniciativa de la reforma constitucional en materia electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión el próximo lunes.
La secretaria de Gobernación explicó que la reforma está estructurada en cuatro ejes y 10 puntos orientados —de acuerdo a Rosa Icela Rodríguez— a fortalecer la vida democrática del país y reducir el costo de las elecciones.
Durante su intervención, la funcionaria aseguró que la propuesta busca ampliar la participación ciudadana y reforzar los mecanismos de fiscalización.
En cuanto a la Cámara de Diputados, se destacó que se mantendrán los 500 integrantes; sin embargo, todos serán electos mediante votación directa. De ellos, 300 serían por mayoría relativa en distritos electorales y 200 bajo el principio de representación proporcional, conservando la fórmula vigente en la Ley General de Institución y Procedimientos Electorales.
La modificación contempla que, de las 200 diputaciones plurinominales, 97 se asignen a candidatos que no hayan obtenido el triunfo, pero que registren los mejores resultados dentro de su partido; 95 se elegirían por circunscripción y partido político —con paridad de género— y ocho corresponderían a mexicanos residentes en el extranjero.
En el caso del Senado, se mantendría una integración de 96 escaños: 64 por mayoría relativa y 32 por primera minoría.
Reducción de costos y ajustes institucionales
Uno de los ejes centrales es la disminución del gasto electoral en 25 por ciento. La reducción alcanzaría al Instituto Nacional Electoral, a los partidos políticos, a los organismos públicos locales electorales (OPLEs) y a los tribunales electorales.
Asimismo, se plantea ajustar sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE conforme al artículo 127 constitucional, que establece que ningún servidor público puede percibir ingresos superiores a los de la titular del Ejecutivo federal.
La propuesta también prevé eliminar duplicidades de funciones en órganos electorales, reducir el gasto del Congreso federal y de los congresos locales, así como disminuir el número de regidurías en los ayuntamientos, con un máximo de 15, según la población de cada municipio.
Fiscalización, tecnología y medios
En materia de fiscalización, se otorgaría al INE acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos y candidaturas. Se prohibirían las aportaciones en efectivo y se obligaría a que los recursos se manejen dentro del sistema financiero. Además, se contempla el uso de tecnologías para fortalecer los mecanismos de supervisión.
Respecto a radio y televisión, se propone reducir de 48 a 35 minutos diarios por emisora durante el periodo electoral.
La iniciativa incluye la regulación del uso de inteligencia artificial en procesos electorales y la prohibición de bots y mecanismos artificiales en redes sociales con fines político-electorales.
En cuanto al cómputo de votos, los conteos distritales iniciarían al término de la jornada electoral, con lo que se eliminaría el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y se pasaría directamente a resultados preliminares oficiales.
Democracia participativa y principios constitucionales
El cuarto eje busca ampliar los instrumentos de democracia directa —referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato— para que también sean incorporados en las legislaciones estatales y municipales. Se prevé, además, la posibilidad de utilizar voto electrónico en estos mecanismos.
La secretaria reiteró que la reforma retoma principios ya establecidos en la Constitución, como la prohibición del nepotismo en cargos de elección popular y la no reelección consecutiva. En este último caso, se plantea prohibir la reelección inmediata en todos los cargos de elección popular a partir de 2030.
Rodríguez afirmó que la propuesta “contiene los principios que siempre ha defendido” la mandataria federal y sostuvo que, con estos cambios, “será el pueblo el que mande”. La iniciativa será turnada al Congreso para su discusión y eventual aprobación.
