Portada: Monero Rapé
(25 DE FEBRERO, 2026).-Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó el amparo a Francisco García Cabeza de Vaca para que la Fiscalía General de la República (FGR) ejecute una orden de aprehensión para su captura por delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, el exgobernador de Tamaulipas afirmó en un video difundido en redes sociales que es víctima de persecución política por haber denunciado en 2019, cuando aún era gobernador, redes de “huachicol fiscal” que —aseguró— operaban en Tamaulipas y evadían impuestos.
El exmandatario sostuvo que existieron maniobras y presiones para apartar a juzgadores del caso y llevar el asunto “a manos afines al poder”. Señaló que las y los ministros no resolvieron el fondo cuando pudieron hacerlo y criticó que el proyecto quedara en manos de la ministra Batres.
Asimismo, afirmó que el llamado huachicol fiscal habría financiado campañas políticas de Morena y derivado en pactos con el crimen organizado. Anunció que continuará su defensa desde Estados Unidos, recurriendo a instancias legales para impugnar lo que calificó como fabricación de delitos y persecución de opositores.
En sus declaraciones, también acusó que desde Palacio Nacional se habría orquestado un presunto desfalco superior a 600 mil millones de pesos durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Por otra parte, el gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal, informó en agosto pasado que presentó 70 denuncias contra la administración de Cabeza de Vaca, de las cuales al menos 14 son de carácter penal.
Las acciones legales derivan de la detección de un presunto desvío de recursos públicos por más de 343 millones de pesos, relacionados con la supuesta adjudicación ilícita de contratos a empresas vinculadas con los hermanos Carmona.
De acuerdo con autoridades estatales, el quebranto estimado asciende a 343 millones 966 mil pesos, recursos que habrían sido pagados a las empresas Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser, presuntamente relacionadas con dichas personas.
Con la resolución de la SCJN, la FGR queda en posibilidad de ejecutar la orden de aprehensión contra el exgobernador, mientras continúan los procesos legales en su contra.
