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(16 DE FEBRERO, 2026).-Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, obtuvo asilo en el Reino Unido, por lo que ya no será extraditada a México para enfrentar las acusaciones de fraude específico por 112 millones de pesos en agravio del DIF de Veracruz. Por estos hechos, un juez del fuero común había girado una orden de aprehensión en mayo de 2018.
Aunque en diciembre de 2022 un juzgado federal en la Ciudad de México negó un amparo a Macías Tubilla y ratificó la vigencia de la orden de captura, la justicia británica resolvió concederle asilo, según informaron funcionarios del gabinete de seguridad. En ese periodo, la Fiscalía General de la República, entonces encabezada por Alejandro Gertz Manero, litigaba su entrega a las autoridades mexicanas.
En febrero de 2022, la Corte de Magistrados de Westminster había avalado la extradición de la expresidenta del DIF estatal; sin embargo, su defensa interpuso nuevos recursos para frenar el traslado. Entre los argumentos presentados ante tribunales británicos se sostuvo que el proceso de extradición estaba viciado, ya que el delito imputado habría prescrito y que la Secretaría de Relaciones Exteriores no habría informado ese hecho a la autoridad que conoció la solicitud de entrega.
Aunque Macías perdió en primera instancia el juicio contra su extradición, el procedimiento se detuvo por la interposición de un recurso fuera del proceso de entrega, del cual el gobierno británico no informó con detalle a la cancillería mexicana sino hasta agosto del año pasado, de acuerdo con las fuentes consultadas.
La exesposa de Duarte fue detenida inicialmente en octubre de 2019 en Londres, pero obtuvo la libertad condicional tras pagar una fianza de 150 mil libras esterlinas mientras se resolvía su proceso.
Según la acusación de la Fiscalía de Veracruz, en su calidad de presidenta del DIF estatal, Macías Tubilla habría entregado recursos públicos de manera indebida a empresas inexistentes. No obstante, autoridades señalaron que la defensa solicitó el asilo y lo obtuvo tras argumentar que la imputación se sustentó únicamente en el testimonio de Juan Antonio Nemi Dib, ex secretario de Salud durante el gobierno de Duarte, quien —según la defensa— habría realizado los señalamientos bajo tortura.
