Portada: Monero Pat
(16 DE FEBRERO, 2026).-Al menos 13 palestinos murieron este domingo en una nueva ola de ataques ejecutados desde la madrugada por las Fuerzas de Defensa de Israel en la Franja de Gaza, mientras el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu aprobó reabrir el proceso de registro de tierras en la Cisjordania ocupada, una decisión denunciada por gobiernos y organizaciones de Medio Oriente como una anexión de facto.
La agencia palestina WAFA informó que tres personas murieron por ataques aéreos contra la ciudad de Gaza y Beit Lahia. Otras cuatro perdieron la vida en un ataque con drones contra un grupo de civiles y una tienda de campaña en la zona de Falouja, al oeste del campo de refugiados de Jabalia, de acuerdo con una fuente del hospital Shifa.
Un nuevo ataque con drones mató a seis gazatíes en la zona de Al Mawasi, Jan Yunis, confirmaron el hospital Naser y equipos de rescate de la Defensa Civil.
Con estas muertes, la cifra de palestinos asesinados desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre de 2025, supera los 600, además de más de 1.500 heridos por fuego israelí, según fuentes locales. Desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, han muerto más de 72 mil personas en Gaza, incluidos más de 20 mil niños, y se contabilizan más de 171 mil heridos.
Paralelamente, se intensificaron los ataques de colonos israelíes —permitidos o respaldados por fuerzas militares— en Cisjordania. De acuerdo con reportes de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, más de mil palestinos han muerto en ese territorio desde octubre de 2023.
Israel reactiva registro de tierras en Cisjordania
El Gobierno de Israel aprobó este domingo reabrir, por primera vez desde 1967, el proceso de registro de tierras en Cisjordania ocupada. La medida permitirá al Estado israelí registrar de forma vinculante terrenos palestinos y reforzar el control territorial, especialmente en el Área C, que representa alrededor del 60% del enclave.
El ministro de Justicia, Yaariv Levin, calificó la decisión como “una verdadera revolución en Judea y Samaria”, al asegurar que “la tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel”. En la misma línea, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich celebró la medida como un avance en la expansión de los asentamientos, mientras que el ministro de Defensa Israel Katz la describió como un paso “de seguridad y jurídico esencial”.
Organizaciones y autoridades palestinas advirtieron que el registro de tierras —conocido como liquidación de títulos— es propio de un régimen de soberanía permanente y no de una ocupación temporal. La ONG israelí Peace Now alertó que la decisión podría provocar un “despojo masivo” y complicar cualquier eventual solución de dos Estados.
La Autoridad Nacional Palestina calificó la medida como una “anexión de facto” y una violación del derecho internacional, en particular de la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, que considera ilegales los asentamientos en territorio ocupado. También Hamás condenó la decisión, mientras que el Gobierno de Jordania expresó su “rechazo absoluto” por considerar que socava el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.
En este contexto, la escalada militar y el avance de los planes anexionistas ocurren mientras el expresidente estadounidense Donald Trump promueve una denominada “Junta de la Paz”, que ha anunciado la asignación de 5 mil millones de dólares para Gaza condicionados a la desmilitarización de Hamás, sin pronunciarse hasta ahora sobre las muertes de civiles ni sobre el proceso de anexión en Cisjordania.
