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(12 DE FEBRERO, 2026).-En la madrugada de este jueves 12 de octubre, el Senado de Argentina aprobó en lo general la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.
El proyecto aprobado con 42 votos a favor y 30 en contra tras 13 horas de debate será enviado a la Cámara de Diputados, donde podrá ser modificado o ratificado en los próximos días.
Desde sus redes sociales, Milei celebró el resultado y lo calificó como “histórico”, en una jornada marcada por una masiva movilización frente al Congreso que derivó en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Los ejes de la reforma
La iniciativa propone cambios estructurales en el régimen laboral vigente desde la década de 1970. Entre sus puntos centrales se incluyen la reducción y redefinición del cálculo de indemnizaciones, mayores facilidades para el despido, limitaciones al derecho de huelga, la posibilidad de establecer pagos en especie y la facultad del empleador de fraccionar las vacaciones.
El oficialismo, que cuenta con 20 senadores propios, negoció modificaciones con bloques opositores para alcanzar los votos necesarios. Algunas propuestas iniciales fueron atenuadas, como la que buscaba que los trabajadores se inscribieran voluntariamente a los sindicatos en lugar de mantener el descuento automático de cuotas.
Para el Gobierno y sectores empresariales, como la Unión Industrial Argentina (UIA), la reforma es necesaria para modernizar el mercado laboral, reducir costos y revertir más de 15 años sin crecimiento sostenido del empleo privado formal. La medida también forma parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del programa de asistencia financiera vigente.
En contraste, la Confederación General del Trabajo (CGT) calificó el proyecto como “regresivo” y denunció que implica un ajuste sobre los trabajadores. Según la central sindical, la norma transfiere recursos a sectores concentrados, debilita el sistema previsional y recorta ingresos provinciales.
Protestas y represión
Mientras se desarrollaba el debate legislativo, miles de personas convocadas por la CGT, organizaciones sociales y partidos de oposición se concentraron en las inmediaciones del Congreso, en el centro de Buenos Aires. La movilización comenzó de manera pacífica, pero hacia media tarde se registraron incidentes cuando un grupo reducido lanzó piedras y artefactos incendiarios contra el vallado que protegía el edificio parlamentario.
La respuesta de las fuerzas de seguridad —que incluyó a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de la Ciudad— consistió en el uso de gases lacrimógenos, camiones hidrantes, gas pimienta y balas de goma. El operativo fue coordinado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y contó con un despliegue de alrededor de 800 efectivos, según reportes oficiales y de organismos de derechos humanos.
De acuerdo con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al menos 31 personas fueron detenidas y otras 70 demoradas. Equipos de asistencia sanitaria vinculados a organizaciones sociales reportaron la atención de más de 500 personas afectadas por gases o impactos de balas de goma. Entre los heridos se registraron periodistas y manifestantes con lesiones en el rostro y la cabeza, lo que, según denunciaron, contravendría los protocolos de uso de armamento “menos letal”.
Las autoridades confirmaron también heridos entre las fuerzas de seguridad. El gobierno de la ciudad estimó que los daños materiales en la zona ascienden a 270 millones de pesos, incluyendo rotura de veredas, destrozos en el mobiliario urbano y deterioro de áreas verdes.
Organismos de derechos humanos y dirigentes opositores denunciaron un uso desproporcionado de la fuerza. El gobernador bonaerense Axel Kicillof, presente en la movilización, sostuvo que la reforma pone en riesgo derechos laborales consolidados. Por su parte, funcionarios nacionales calificaron a los manifestantes violentos como “delincuentes organizados” y “terroristas”, y defendieron el accionar policial.
Argentina registra una tasa de informalidad laboral superior al 43%, según datos oficiales. Mientras el Gobierno sostiene que la reforma busca generar previsibilidad y promover la creación de empleo formal, sindicatos y sectores opositores advierten que las modificaciones implican una pérdida de derechos históricos.
La discusión, tanto en el Congreso como en las calles, anticipa que el debate sobre el modelo laboral y el alcance de la reforma continuará en las próximas semanas, en un clima de alta tensión política y social.
