Exministros adquieren unidades blindadas bajo acuerdo interno de la Corte

José Shaddai Olvera Torres
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Portada: El Fisgón

(12 DE FEBRERO, 2026).-Semanas antes de concluir su encargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán adquirió dos camionetas blindadas de lujo que formaban parte del parque vehicular del máximo tribunal, por un monto conjunto de poco más de 2 millones de pesos, equivalente a cerca de la mitad de su valor original, de acuerdo con documentos oficiales revisados por Milenio.

Las unidades corresponden a camionetas Jeep Grand Cherokee Limited Lujo modelo 2020, ambas con blindaje nivel V, certificadas en diciembre de 2019. Al momento de su avalúo, los vehículos registraban bajo kilometraje: una unidad contaba con 26 mil 83 kilómetros recorridos y la otra apenas 4 mil 212 kilómetros.

Los avalúos técnicos determinaron que ambas camionetas se encontraban en perfecto estado de conservación, tanto en el aspecto mecánico como electrónico. Con base en ello, se fijaron valores de 1 millón 171 mil pesos y 1 millón 223 mil pesos, montos que Pérez Dayán cubrió el 22 de agosto de 2025.

Además del exministro, otros integrantes en retiro del máximo tribunal también adquirieron vehículos oficiales. Una camioneta fue comprada por la ministra en retiro Margarita Ríos Farjat y otra por el exministro Luis María Aguilar. En conjunto, los tres exministros pagaron 4 millones 391 mil pesos por unidades cuyo costo original ascendía a 8 millones 551 mil pesos.

Las adquisiciones se realizaron con base en el Acuerdo General de Administración del Pleno de la SCJN, emitido en septiembre de 2013, el cual permite a los ministros en retiro adquirir, dentro de los 30 días previos a su salida, los vehículos que les fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

Este mecanismo se sustenta en la Ley General de Bienes Nacionales, que otorga al Poder Judicial autonomía para enajenar bienes de su patrimonio, un marco legal que ha sido cuestionado en diversas ocasiones por permitir la venta de activos públicos a funcionarios salientes en condiciones preferenciales.

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