Portada: El Fisgón
(11 DE FEBRERO, 2026).-Rosa María Payá, activista anticastrista e integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha realizado en meses recientes visitas a México sin carácter institucional, en las que sostuvo encuentros con sectores de la derecha local, sin que exista constancia de reuniones con autoridades mexicanas ni de una misión oficial en el país.
Una de sus estancias tuvo lugar el 22 de enero, cuando participó en el foro Cuba y América Latina, seis décadas de autoritarismo, organizado en la Ciudad de México por la Universidad de la Libertad, institución fundada por el empresario Ricardo Salinas Pliego y patrocinada por el Centro Ricardo Salinas Pliego. En el evento también intervinieron el ex canciller Jorge Castañeda (2000-2003), el escritor Carlos Téllo Díaz —tataranieto de Porfirio Díaz— y María Werlau, de la organización Archivo Cuba, con sede en Miami.
Payá ofreció la conferencia titulada La esperanza de la democracia. Sin embargo, no difundió su participación en redes sociales y tampoco hay registros del acto en los perfiles oficiales de las organizaciones auspiciantes. A diferencia de otras actividades públicas de comisionados en distintos países, la CIDH no emitió comunicados ni reportes sobre una agenda institucional de la funcionaria en territorio mexicano durante esas fechas.
Videos compartidos por asistentes muestran a Payá cuestionando al gobierno cubano y señalándolo de impulsar proyectos regionales como el Foro de Sao Paulo y el denominado socialismo del siglo XXI.
La presencia de la activista en un foro patrocinado por Salinas Pliego ocurrió semanas después de que el empresario presentara ante la CIDH, a mediados de enero, una denuncia contra el Estado mexicano por presunta persecución política y fiscal.
Fuentes diplomáticas indicaron que Payá realizó al menos otro viaje previo a México, también sin publicidad. No se ha informado si en esas visitas ingresó al país haciendo uso de las inmunidades y privilegios que le corresponden como integrante de la comisión o si lo hizo en calidad de particular. Conforme al estatuto de la CIDH, sus miembros gozan, desde el momento de su elección y mientras dure su mandato, de las inmunidades reconocidas por el derecho internacional a los agentes diplomáticos, así como de los privilegios necesarios para el desempeño de sus funciones.
La CIDH está integrada por siete miembros independientes, elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y no representan a sus países de origen o residencia. Payá, ciudadana estadunidense de origen cubano, asumió el cargo el primero de enero, tras ser electa en junio de 2025.
Su candidatura fue impulsada por la administración del presidente republicano Donald Trump y por su secretario de Estado, Marco Rubio, también de origen cubano. El 26 de marzo fue nominada formalmente por el Departamento de Estado. Durante el proceso de selección, el Panel Independiente para la Evaluación de Candidaturas a los Órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos expresó preocupación por su pertenencia a “diversas organizaciones de la sociedad civil durante el proceso de elección, e incluso la voluntad de continuar en la dirección de alguna de ellas luego de ser elegida comisionada”, lo que podría afectar la apariencia de independencia ante un observador razonable.
Desde su designación, Payá —hija del disidente cubano Oswaldo Payá, directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana y nacida en La Habana en 1989— ha mantenido una activa presencia en foros internacionales y redes sociales con posiciones críticas hacia el gobierno cubano.
En diciembre pasado publicó contenidos desde Oslo, donde informó que acompañó a la dirigente venezolana María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz. El primero de febrero señaló en Instagram que, semanas antes de que el presidente Trump firmara una orden ejecutiva para autorizar aranceles adicionales a países que suministran petróleo a Cuba, participó en Washington en una conferencia convocada por organizaciones anticastristas, en la que calificó a la isla como un “Estado terrorista”.
