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(27 DE ENERO, 2026).-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer que las ministras y los ministros que integran el máximo tribunal acordaron no utilizar las camionetas blindadas adquiridas recientemente y solicitarán que se inicie el procedimiento correspondiente para su devolución.
Mediante un breve comunicado, la Corte precisó que, además de la devolución, se analiza la posibilidad de que dichos vehículos puedan ponerse a disposición de personas juzgadoras que enfrenten mayores niveles de riesgo, siempre en estricto apego a la normatividad aplicable.
En el mismo pronunciamiento, la SCJN reiteró su compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos públicos, así como con el objetivo de avanzar hacia una justicia “real y verdadera”. Asimismo, informó que este lunes 26 de enero se llevará a cabo una conferencia de prensa en las instalaciones del máximo tribunal, en la que se ampliará la información relacionada con este tema.
Cabe recordar que fue el pasado 22 de enero cuando la Suprema Corte anunció la renovación de su parque vehicular oficial, bajo el argumento de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección a la integridad personal de las ministras y los ministros, dada la alta responsabilidad institucional que desempeñan.
En aquella ocasión, la SCJN detalló que se adquirieron nueve camionetas blindadas tipo Jeep, las cuales sustituirían a una flotilla que, de acuerdo con evaluaciones técnicas, ya no cumplía con los estándares mínimos de seguridad. La institución explicó que la decisión se sustentó en opiniones emitidas por autoridades federales, que advirtieron que la continuidad del uso de las unidades anteriores comprometía su operación.
La Corte subrayó que la compra se realizó conforme a la normatividad interna vigente desde 2019, la cual establece la renovación periódica de este tipo de vehículos —cada cuatro años o antes, si las condiciones del automotor dejan de ser seguras— y aclaró que la adquisición respondió a criterios de prevención y seguridad institucional, no a decisiones discrecionales. Además, precisó que el proceso se llevó a cabo de manera paralela a la desincorporación de un parque vehicular mayor al número de unidades adquiridas, con el fin de no generar un gasto adicional para la institución.
