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(22 DE ENERO, 2026).-El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, promovió un nuevo juicio de amparo con el objetivo de frenar tanto su actual reclusión como una eventual extradición, mientras enfrenta un proceso penal por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita.
Actualmente, Duarte permanece bajo prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México. La medida fue ratificada en diciembre pasado, cuando una jueza de control federal lo vinculó a proceso por el presunto delito relacionado con operaciones de lavado de dinero.
La demanda de amparo fue presentada ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, y se dirigió contra María Jazmín Ambriz López, jueza del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. En el recurso, el exmandatario estatal impugnó la orden de aprehensión, la privación de la libertad y cualquier procedimiento de extradición en su contra.
No obstante, el juez Adolfo Christian Castro Solís se declaró incompetente para conocer del asunto. En su resolución explicó que el juicio de amparo había sido tramitado originalmente ante el Juzgado Décimo de Distrito con sede en Chihuahua, el cual también rechazó la competencia y turnó el expediente a la capital del país. Sin embargo, los argumentos expuestos por la autoridad judicial de Chihuahua apuntaban a que el caso debía ser conocido por un juzgado de distrito en materia penal con residencia en Toluca.
Ante esta situación, Castro Solís consideró que existió un error en la remisión del expediente, por lo que ordenó enviarlo a un juzgado del Estado de México. Advirtió que, en caso de que los juzgados involucrados no lleguen a un acuerdo sobre la competencia, será un Tribunal Colegiado el que determine qué órgano jurisdiccional deberá resolver el amparo.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, César Duarte habría intentado ocultar cerca de 73 millones 925 mil 995 pesos presuntamente desviados de recursos públicos durante su gestión como gobernador de Chihuahua, entre 2010 y 2016, mediante un esquema que la autoridad investiga como lavado de dinero.
