Portada: SCJN
(20 DE ENERO, 2026).-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó de manera significativa su orden del día este lunes, al retirar cuatro asuntos de alta relevancia jurídica en medio de manifestaciones en el exterior del recinto y tras detectar un error en el registro de una votación ocurrida la semana pasada.
Al arrancar la sesión del Pleno, se informó que dos proyectos de la ministra Yasmín Esquivel Mossa fueron retirados de la discusión. Se trata de los amparos en revisión 424/2025 y 446/2025, en los que se analizaba si la Fiscalía General de la República puede asegurar inmuebles sin contar con una orden judicial. Ambos casos se originan en la intervención de predios ubicados en Santa Fe, realizada por el Ministerio Público bajo el argumento de que los bienes pertenecen a la nación.
En paralelo, permaneció enlistada una propuesta de la ministra María Estela Ríos González, correspondiente a la contradicción de criterios 127/2025, que plantea un enfoque opuesto al de Esquivel Mossa. El proyecto sostiene que el aseguramiento de inmuebles no requiere autorización judicial previa, al tratarse de una medida de carácter preventivo.
Otro de los asuntos retirados fue un proyecto adicional de Ríos González, relativo a la contradicción de criterios 39/2025, vinculado con desalojos en la Ciudad de México. La decisión se dio luego de que protestas en las inmediaciones de la Corte retrasaran casi dos horas el inicio de la sesión.
Integrantes del Frente por la Vivienda Joven y del Frente Anti-gentrificación CDMX bloquearon los accesos al máximo tribunal —por primera vez desde la llegada de los nuevos ministros— y advirtieron que el proyecto, que examina el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la capital, podría legitimar desalojos forzados.
En tanto, al aprobar el acta de la sesión del jueves anterior, el Pleno incorporó una corrección para aclarar que no se alcanzó la mayoría necesaria para aprobar el proyecto del ministro Hugo Aguilar Ortiz, relacionado con la contradicción de criterios 223/2025. La propuesta buscaba establecer jurisprudencia para condicionar el pago retroactivo de pensiones jubilatorias a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Tras el error administrativo que lo dio por avalado, el asunto fue desechado y turnado nuevamente a un ministro de la mayoría.
