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(26 DE NOVIEMBRE, 2025).-El PAN acudió muy indignado a la Fiscalía General de la República para denunciar “a quien resulte responsable” de la violencia durante la marcha de la Generación Z del 15 de noviembre, un gesto que —faltaba más— reafirma su preocupación histórica por los jóvenes y su férreo compromiso con la protesta social… ahora que les conviene.
El dirigente nacional, Jorge Romero, proclamó que “el 15-N no se olvida”, como si estuviera inaugurando una nueva efeméride azul. Aseguró que buscan una investigación profunda para descubrir quién ordenó las agresiones a los manifestantes pacíficos, porque claro, el PAN jamás toleraría abusos de autoridad… al menos no cuando gobierna otro.
En conferencia frente a la FGR, Romero dramatizó que esa fecha quedará marcada porque —según él— el gobierno que antes “condenaba la represión” ahora reprimió a jóvenes que exigían vivir sin miedo. Un giro narrativo que el partido abrazó con entusiasmo: ahora el PAN es paladín de la libertad de expresión.
El abogado Roberto Gil Zuarth, con tono detectivesco, dijo que la denuncia pretende activar la jurisdicción federal porque “alguien” organiza a los grupos violentos. “Alguien los financia, alguien los recluta, alguien los instruye”, insistió, como si estuviera revelando la trama de una serie de suspenso. Pidió literalmente “quitarles la capucha” a esos responsables… detalle que, por cierto, los gobiernos panistas nunca resolvieron cuando los encapuchados aparecían en sus propios gobiernos.
Gil Zuarth alertó que estos grupos buscan infundir miedo para inhibir futuras protestas —lo cual, sin duda, sería gravísimo—, aunque el PAN no parecía tan alarmado por ese fenómeno cuando ocurría en entidades gobernadas por ellos.
El vocero panista Jorge Triana agregó drama político: según él, el “bloque negro” en realidad es un “bloque guinda”, un grupo supuestamente operado desde los “sótanos del poder”. Todo, afirmó, para distraer de las causas reales del descontento juvenil. Los verdaderos responsables, según Triana, “se están riendo pagados por quién sabe quién”, una explicación que combina indignación y teoría de conspiración en partes iguales.
La dirigente del PAN en la CDMX, Luisa Gutiérrez, advirtió que lo ocurrido no debe repetirse porque —asegura— el gobierno federal es “duro con las voces libres y suave con los delincuentes”. El PAN, declaró, no guardará silencio… al contrario, defenderá a todas las juventudes, simpaticen o no con su partido, porque proteger libertades “está en el ADN” blanquiazul. ADN que, al parecer, algunos apenas están descubriendo.
Por su parte, el área jurídica del PAN exigió que se esclarezca quién financia y dirige al bloque negro, señalando que la sociedad no aceptará menos que la verdad completa, aunque el propio partido lleve años sin aclarar quién financió varias de sus campañas más cuestionadas.
La denuncia panista sostiene que los hechos del 15-N constituyen un ataque directo a la libertad de expresión y podrían configurar delitos como daños a propiedad, lesiones, asociación delictuosa y abuso de autoridad. Y para cerrar, el partido reiteró solemnemente que “el 15-N no se olvida”, comprometiéndose a que en México no se normalice la represión.
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