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(01 DE JULIO, 2025).-La Cámara de Diputados aprobó en lo general con 323 votos a favor, 125 en contra y sin abstenciones; y en lo particular, con 302 votos a favor y 113 en contra, la minuta que da origen a la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).
La CNA será un nuevo organismo público descentralizado que sustituirá a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).
Esta nueva Comisión dependerá de la Secretaría de Economía, pero contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía técnica y operativa en sus decisiones.
La CNA podrá investigar y sancionar prácticas monopólicas, realizar visitas de verificación, requerir información y ordenar la suspensión de actos que contravengan la ley. Además, tendrá la facultad de emitir opiniones técnicas sobre iniciativas legislativas que puedan afectar la libre competencia, aunque dichas opiniones no serán vinculantes.
En el ámbito de telecomunicaciones y radiodifusión, el nuevo organismo podrá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes, imponer límites a la concentración de medios y ordenar medidas para evitar prácticas anticompetitivas, como la separación estructural o la desagregación de redes.
También se establece su facultad para cooperar con autoridades internacionales en investigaciones conjuntas, fijar tarifas por servicios prestados y emitir lineamientos técnicos y criterios orientadores.
El Pleno de la Comisión será su máximo órgano de gobierno, integrado por cinco personas comisionadas designadas por el Ejecutivo Federal y ratificadas por el Senado o la Comisión Permanente. Para garantizar el carácter escalonado de los nombramientos, los primeros comisionados concluirán sus encargos entre 2028 y 2032.
Durante la sesión, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Sergio Gutiérrez Luna, detalló que se reservaron diversos artículos para su discusión en lo particular, incluyendo 34 de la Ley Federal de Competencia Económica y varios de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, además de disposiciones transitorias.
El rediseño institucional busca fortalecer el papel del Estado como rector económico bajo principios de eficiencia, transparencia y supremacía del interés público, según establece la exposición de motivos. Asimismo, declara que las funciones exclusivas del Estado en sectores estratégicos no constituirán monopolios, en concordancia con el artículo 28 constitucional.
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