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(25 DE JUNIO, 2025).-Con 351 votos a favor y 124 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con modificaciones, el dictamen que expide la nueva Ley de la Guardia Nacional.
Esta nueva ley, compuesta por 96 artículos divididos en siete títulos, sustituye la ley del 2019 y se adecúa al decreto de reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024, el cual formaliza la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Esta iniciativa presentada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, redefine la organización, las atribuciones y la estructura jerárquica de la Guardia Nacional, la cual ahora podrá estar conformada por personal del Ejército, Fuerza Aérea y civiles de confianza.
Asimismo, se destaca que la Guardia Nacional se regirá por los principios de patriotismo, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, y tendrá atribuciones que incluyen desde la prevención de delitos e infracciones administrativas hasta la realización de operaciones encubiertas y labores de inteligencia, siempre bajo el control del Ministerio Público y con apego a normativas judiciales.
También se establece que las intervenciones en comunicaciones deberán contar con autorización judicial y cumplir estrictamente con lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Asimismo, la Guardia Nacional deberá presentar un informe anual de actividades al Senado, al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones de cada año legislativo.
El dictamen aprobado también modifica, deroga y adiciona disposiciones de al menos nueve leyes y códigos militares, entre ellas:
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para integrar plenamente a la Guardia Nacional en la Sedena.
- Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para establecer que el mando supremo de la Guardia recae en la Presidencia de la República y su operación será exclusivamente para fines de seguridad pública.
- Ley de Educación Militar, que ahora incluirá la formación del personal de la Guardia Nacional con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad.
- Ley de Ascensos y Recompensas, para permitir la participación del personal de la Guardia en concursos de promoción al interior de las fuerzas armadas.
- Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, que otorga derechos equivalentes en seguridad social al personal activo de la Guardia.
- Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea, ampliada ahora a la Guardia Nacional.
- Código de Justicia Militar y Código Militar de Procedimientos Penales, en los que se incluyen nuevas disposiciones sobre delitos especiales, adecuación terminológica con lenguaje incluyente y reconocimiento de la Guardia Nacional como parte de la Fuerza Armada Permanente.
Durante la discusión en lo particular, se aceptaron diversas reservas presentadas por legisladores de Morena, PVEM y PT. Destacan:
- Eliminación de fracciones duplicadas del artículo 16 sobre organización de reservas internas.
- Ajustes al requisito jerárquico para ocupar la comandancia de la Guardia Nacional, eliminando la obligación de ser general de división.
- Creación de una Coordinación de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Sedena.
- Reconocimiento explícito a la igualdad de género e inclusión en la formación educativa de los elementos.
Una reserva promovida por el diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM) adiciona que la Guardia Nacional podrá colaborar con autoridades ambientales en la protección de recursos naturales y el combate a delitos ecológicos, como la tala ilegal y el tráfico de especies.
Por su parte, la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez (PT) impulsó una reforma que establece que la educación de los elementos de la Guardia Nacional deberá incluir enfoque de derechos humanos, interseccionalidad, perspectiva de género e igualdad entre mujeres y hombres, para una actuación más justa y sensible.
Sin embargo, distintos legisladores del PAN y PRD argumentaron una militarización de la seguridad pública, señalando que la inclusión de la Guardia en el fuero militar podría debilitar los mecanismos civiles de rendición de cuentas.
Con la aprobación en la Cámara de Diputados, el dictamen se turna al Senado para su análisis, discusión y, en su caso, ratificación.
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