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(09 DE JUNIO, 2025).-Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fue víctima de un atentando mientras pronunciaba un discurso de precampaña rumbo a las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia.
Uribe, quien es legislador del partido conservador Centro Democrático, recibió tres impactos de bala, dos de ellos en la cabeza y uno en la pierna, mientras se encontraba en el barrio de Modelia, en Bogotá. Debido al atentado, el precandidato permanece en estado crítico en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde recibió dos cirugías. Una neuroquirúrgica y otra en el muslo izquierdo.
El ataque fue perpetrado por un joven menor de edad quien, de acuerdo con la Policía Nacional, disparó por la espalda hiriendo no solo a Miguel Uribe sino también a otra persona. El joven ya fue detenido poco después de realizar el ataque.
La Fiscalía colombiana informó este lunes que la investigación apunta a un grupo criminal organizado como responsable intelectual del atentado. La fiscal general Luz Adriana Camargo afirmó que “el joven detenido es apenas un ejecutor material” y que el caso está siendo abordado como una operación de gran escala, con la participación de al menos 180 funcionarios, entre agentes de inteligencia, policías e investigadores.
El atentado ha desatado reacciones tanto a nivel nacional como internacional. El presidente Gustavo Petro condenó el hecho y recordó que la madre de Uribe, Diana Turbay, fue asesinada en circunstancias similares en 1991, durante un intento de rescate por parte de sicarios de Pablo Escobar.
“Respeten la vida, esa es la línea roja. Colombia no debe matar a sus hijos porque ellos también son hijos nuestros”, escribió el mandatario, quien canceló su viaje a Francia para asistir a la Tercera Conferencia de la ONU sobre los Océanos.
Desde el exterior, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el atentado expresando su solidaridad con el precandidato y con el pueblo de Colombia. Aprovechó su intervención en la “Mañanera del Pueblo” para afirmar que se sostiene una coordinación de alto nivel con el gobierno colombiano para investigar posibles relaciones entre organizaciones criminales mexicanas y colombianas.
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