UIF logra primeras recuperaciones de bienes tras sentencia contra García Luna

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Portada: El Fisgón

(23 DE MAYO, 2025).-Con respecto a la sentencia que dictó ayer una jueza de Circuito en el condado de Miami Dade contra Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó que desde septiembre de 2021 el gobierno mexicano presentó una demanda civil contra la red de corrupción y lavado de dinero encabezada por el secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón.

La UIF detalló que la jueza, Lisa Walsh, condenó al narcotraficante García Luna a cubrir la cantidad de 748 millones 829 mil 676 dólares al gobierno de México. Mientras que su esposa tendrá que pagar mil 740 millones 25 mil 540 dólares.

De acuerdo con la UIF, hubo 7 resoluciones de culpabilidad ejecutadas contra García Luna, su esposa y sus 5 empresas como resultado de su omisión de concurrir al juicio.

De las resoluciones, una ya fue ejecutada hacia la empresa Delta Integrator, que derivó en la recuperación de un millón 970 mil 872 dólares, así como la transmisión de un bien inmueble valuado en 555 mil 800 dólares. Además, se obtuvo una recuperación adicional como resultado de una hipoteca vencida otorgada por un tercero por la misma empresa de 275 mil dólares. Los recursos fueron ingresados inmediatamente a la Tesorería de la Federación, mientras que el bien inmueble ya está bajo la administración del gobierno de México para su venta.

Ante la sentencia emitida el día de ayer, el gobierno de México espera que en el futuro sean localizados otros bienes para ser ejecutados, aun si alguna propiedad esté simulada a partir de terceros que operen como testaferros.

El secretario de Seguridad, del expresidente Felipe Calderón, fue sentenciado en diciembre de 2024 a 38 años de prisión acusado de narcotráfico con vínculos con el cártel de Sinaloa.

Asimismo, el gobierno de México mantiene órdenes de aprehensión en su contra, así como una solicitud de extradición por armar a carteles de la droga a través de la operación “Rápido y Furioso” durante el sexenio de Calderón, así como por otras conductas ilegales.

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