Portada: Hernández
(16 DE ABRIL, 2025).-El día de ayer, la diputada federal Montserrat Ruiz Páez (MORENA) presentó la iniciativa de reforma para prohibir la llamada “Política de Uso Justo” (PUJ), como la que buscaba aplicar el servicio de internet Total Play, ya que dicha práctica vulnera los derechos de los consumidores.
La propuesta plantea adicionar el artículo 146 Bis y reformar los artículos 3 y 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objetivo de garantizar el acceso universal al internet sin limitaciones arbitrarias.
Durante una conferencia de prensa, la diputada señaló que esta política impuesta por diversas compañías limita la velocidad de navegación una vez alcanzado un tope de consumo de datos, a pesar de haber sido contratado como servicio “ilimitado“, lo que contraviene el artículo 6° constitucional que reconoce el acceso a internet como un derecho fundamental.
La iniciativa surge luego de que Totalplay, empresa del Grupo Salinas, anunciara el pasado 2 de abril un cambio en sus planes de servicio, estableciendo límites en el consumo de datos y cobrando un excedente a quienes rebasaran el umbral contratado. La medida fue ampliamente criticada en redes sociales, donde usuarios expresaron su inconformidad al considerar que estaban siendo víctimas de publicidad engañosa y condiciones unilaterales.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) también se pronunció al respecto, recordando que las condiciones pactadas en los contratos de adhesión deben ser respetadas y no pueden modificarse de forma unilateral por parte de los proveedores. La dependencia indicó que ya sostuvo reuniones con Totalplay para revisar la legalidad de las nuevas políticas y garantizar la transparencia hacia los usuarios.
Ante la presión social, la compañía dio marcha atrás en su decisión. A través de un comunicado difundido el 9 de abril, Totalplay informó que no se aplicará la limitación y ofreció a sus clientes la opción de regresar al plan anterior sin penalizaciones. El propio Ricardo Salinas Pliego, dueño de la empresa, publicó un mensaje en redes sociales en el que justificó su intención inicial como una medida contra usuarios que “revenden el servicio”.
La diputada Montserrat Ruiz subrayó que su propuesta busca eliminar este tipo de prácticas abusivas de manera definitiva. “Esta reforma generará certeza jurídica, protección económica y el respeto pleno al derecho al acceso universal a internet”, afirmó.
La iniciativa se turnará a comisiones para su análisis y posible dictaminación. Se espera que genere un debate importante en torno a la regulación del servicio de internet y los derechos de los usuarios frente a las grandes compañías de telecomunicaciones.
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