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(06 DE MARZO, 2025).-El día de ayer, el gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con distintas secretarías y fuerzas de seguridad locales y federales encabezadas por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), llevó a cabo un operativo de desalojo de viviendas consolidadas y provisionales dentro del Suelo de Conservación.
El operativo se llevó a cabo en las colindancias del Parque Ecoturístico “El Tepozán”, en San Andrés Totoltepec, en la alcaldía de Tlalpan.
Estas acciones resultaron en la recuperación de 68.91 hectáreas del Suelo de Conservación. Sin embargo, el operativo causó el descontento de las personas que habitaban dentro de la zona, por lo que respondieron con el bloqueo de la vialidad sobre la carretera Picacho-Ajusco a la altura del kilómetro 10.
Finalmente, se reportó una mesa de negociación entre las autoridades de la Ciudad de México y los habitantes de la zona.
El gobierno de la Ciudad de México informó que a través del Instituto de Vivienda (INVI) se realizó un censo de las personas asentadas; también informó que hubo la participación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de Atención Ciudadana.
A pesar de que la Zona de Conservación es fundamental para la preservación de los servicios ecosistémicos como la regulación climática, la recarga de los mantos freáticos y el mejoramiento de la calidad del aire en la capital; sin embargo, históricamente las malas prácticas en las políticas de desarrollo urbano y vivienda han originado un rezago en la construcción de servicios públicos, espacios planificados para el desarrollo humano de la población y el desplazamiento constante de la población sin encontrar un resguardo en sus derechos más fundamentales.
Anuncios de proyectos de movilidad como el Cable Bus tendrían que venir acompañados de una planeación territorial que se dejó desatendida por décadas para evitar conflictos no solo en los servicios urbanos como sistemas de agua potable, luz o drenaje, sino también para resguardar mediante políticas públicas el derecho de la población al acceso a una vivienda, al igual que a un medio ambiente sano que garantice todos los servicios que son imprescindibles para sostener la vida humana en las grandes ciudades y de otras especies que conviven dentro y fuera de la zona conurbada.
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