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(27 DE ENERO, 2025).-El día de ayer, la Cancillería del gobierno de Colombia, por medio de un comunicado, anunció que tanto el canciller Luis Gilberto Murillo como el embajador Daniel García-Peña viajarán en las próximas horas a Washington, D.C., con el fin de sostener reuniones con el gobierno de los Estados Unidos y resolver el conflicto diplomático entre Donald Trump y el presidente colombiano, Gustavo Petro.
Todo comenzó cuando el presidente de Colombia negó el aterrizaje de dos aviones estadounidenses que pretendían repatriar a varios de sus connacionales, justificando que no se les había tratado con dignidad.
La decisión de Gustavo Petro no le gustó en nada al mandatario estadounidense, quien a través de su red social Truth, anunció “represalias” comerciales, principalmente en contra de Colombia.
Petro respondió con medidas similares a la vez que defendía su postura frente a críticas y “fake news” en su contra.
Además, solicitó a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien también es la actual presidenta de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), convocar a una asamblea extraordinaria con el motivo de abordar “los problemas de la migración y la nueva configuración del mercado de drogas en América”, al mismo tiempo motivando la unión de los países latinoamericanos.
La respuesta fue rápida, y la asamblea de la CELAC se agendó para el jueves 30 de enero con motivo de abordar temas estratégicos para la región, tales como la cooperación en materia de migración, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de las relaciones entre los países miembros.
Lo anterior fue anunciado tanto por los medios oficiales de la CELAC, como por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y la presidencia de Colombia.
En el comunicado de la presidencia colombiana, también se anunció que Gustavo Petro ponía a disposición el avión presidencial para sus connacionales que iban a arribar a Colombia en condiciones indignas. Y se informó que el gobierno del país sudamericano mantenía conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para la búsqueda de acuerdos para asegurar las condiciones mínimas de respeto y trato digno a los colombianos durante los procesos de deportación.
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