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(07 DE NOVIEMBRE, 2024).-El día de ayer la Cámara de Senadores emitió la declaratoria de aprobación de la reforma Constitucional en materia de vivienda la cual establece un sistema con orientación social para las y los trabajadores de México.
Este sistema permitirá el acceso a créditos asequibles para la adquisición, mejora, obtención de terrenos o construcción de viviendas con el fin de facilitar el derecho a una vivienda digna para la población trabajadora.
La diputada Maribel Martínez Ruiz (PT), presidenta de la Comisión de Vivienda en la Cámara de Diputados, lidera los esfuerzos en esta materia y ha hecho un llamado a que el enfoque de derechos humanos guíe los trabajos de la LXVI Legislatura.
“En esta Cámara de Diputados hemos sentado ya las bases con la reforma constitucional en materia de vivienda que aprobamos hace unas semanas, y estoy segura de que será el sustento sólido para una política de vivienda exitosa y con vocación social”, afirmó Martínez Ruiz.
Entre las disposiciones de la reforma se incluye que el costo mensual de un arrendamiento social no deberá exceder el 30% del salario del trabajador, garantizando así que las viviendas sean accesibles. Además, en la reunión de instalación de la Comisión de Vivienda, se destacó que el gobierno federal, bajo la dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum, planea construir un millón de viviendas y regularizar propiedades para apoyar a mujeres jefas de familia, adultos mayores, pueblos indígenas y jóvenes.
Diputadas y diputados de diferentes partidos subrayaron la importancia de asegurar que el nuevo sistema de vivienda responda a las necesidades de los sectores vulnerables. Además algunos diputados señalaron que la nueva reforma aprobada debe considerar que las viviendas estén ubicadas cerca de los centros de trabajo y con servicios adecuados, también de evitar las malas prácticas de construcción y asegurar que las viviendas tengan las condiciones adecuadas.
El déficit habitacional, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), alcanza 8.2 millones de viviendas, de las cuales el 20% presenta carencias y el 58% requiere mejoramiento. Por ello, esta nueva política busca que el derecho a la vivienda beneficie a la población trabajadora de manera justa y adecuada.
Esta reforma marca un avance significativo en la lucha por el derecho a la vivienda en México, y su implementación será clave para abordar la creciente necesidad de soluciones habitacionales dignas, sostenibles y accesibles en todo el país.
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