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(06 DE NOVIEMBRE, 2024).-La iniciativa de reforma del artículo 21 de la Constitución, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, será dictaminada el próximo lunes 11 de noviembre en el Senado de la República.
Esta reforma es parte de la Estrategia de Seguridad Pública de la actual administración, que busca ampliar las facultades de inteligencia e investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para fortalecer el combate a la delincuencia.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Lucía Trasviña Waldenrath, señaló que, debido a la prioridad de la iniciativa, la discusión se llevará a cabo de manera presencial.
El pasado 8 de octubre, la presidenta había anunciado la creación de un nuevo Sistema Nacional de Investigación, con el objetivo de mejorar la coordinación entre las diversas instituciones de seguridad: la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales. Este sistema pretende optimizar el flujo de información para la identificación de células criminales.
Este nuevo sistema forma parte de una estrategia integral más amplia basada en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la investigación, y coordinación con entidades federativas.
A pesar de su claro enfoque en su estrategia, Sheinbaum ha aclarado que no planea regresar a la “guerra contra el narcotráfico” que impulsó el expresidente Felipe Calderón.
“No va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría (…) Estos cuatro ejes de seguridad los vamos a conservar todo el gobierno y los vamos a consolidar. Y vamos a disminuir los delitos de alto impacto”, afirmó la presidenta.
La estrategia propuesta guarda similitudes con el modelo implementado por Sheinbaum cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México, donde dotó a la policía de capacidades de investigación, en colaboración con Omar García Harfuch y la entonces fiscal general Ernestina Godoy. Este modelo resultó en una reducción de casi el 45% en el delito de homicidio doloso, según datos del INEGI.
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