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(16 DE OCTUBRE, 2024).-El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que trabajarán en conjunto con el Senado para elaborar dos nuevas leyes reglamentarias derivadas de la reforma constitucional del Poder Judicial.
La Ley Orgánica del Tribunal de Disciplina Judicial y la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal será la otra.
Monreal subrayó la importancia de la redacción cuidadosa de estas normas para evitar que se vuelvan a revisar.
“Ayer me reuní con el Senado, con Adán Augusto, el coordinador del grupo parlamentario y con el presidente de la Cámara de Senadores. Y acordamos trabajar en conferencia a partir de la semana próxima, trabajar las leyes para que no suceda lo que sucedió ayer, que hay ciertas normas que requieren ser cuidadosamente redactadas y que no tengan necesidad de volverse a revisar”
Además, mencionó que deben actualizarse y modificarse alrededor de diez ordenamientos, entre ellos la Ley de Amparo, la Ley Civil, el Código de Procedimientos Penales, el Código Civil y de lo Familiar, y la Ley Orgánica de la Administración Pública.
El plazo para concluir estas modificaciones es antes del 15 de diciembre, cuando finaliza el periodo ordinario de sesiones.
Monreal también destacó la instalación del Comité de Evaluación relacionado con la reforma judicial, el cual deberá estar integrado por cinco personas de cada poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Sugirió que el Comité del Poder Legislativo esté compuesto por tres mujeres y dos hombres, y señaló que se buscarán personas que no tengan vínculos partidistas ni con los poderes del Estado.
Respecto a las reformas constitucionales, Monreal mencionó que la Cámara de Diputados continuará desahogando las 18 reformas presentadas en febrero de 2024 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como dos reformas reglamentarias.
Finalmente, comentó que el próximo martes y miércoles se discutirán dos reformas constitucionales: una en materia de vivienda y otra sobre bienestar, que busca elevar a rango constitucional los programas sociales que aún no lo están.
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