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(07 DE OCTUBRE, 2024).- Esta mañana, en la “Conferencia del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó dos importantes iniciativas: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General del sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME). Estas reformas buscan aclarar y detallar puntos que no están contemplados en la reforma constitucional del poder judicial.
La titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, explicó que el objetivo de las iniciativas que abarcan la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados del Tribunal Electoral, jueces de distrito y otros cargos judiciales tanto a nivel federal como estatal.
“El objetivo es garantizar los principios rectores en cada una de las etapas del proceso electoral para los cargos de elección del poder judicial y garantizar la tutela efectiva durante el proceso electoral”, subrayó
La presidenta Sheinbaum también destacó que la elección de jueces y magistrados se realizará en dos fases. La primera mitad de los cargos será ocupada en 2025 y la segunda en 2027.
“Primero se llenarán las vacantes actuales, aquellos jueces y magistrados que no han sido nombrados hasta llegar a la mitad”, aclaró.
Las constituciones estatales podrán decidir si este proceso se lleva a cabo todo en 2027 o si una parte se realiza en el 2025.
La presidenta explicó que el Consejo de la Judicatura será responsable de informar al Senado sobre el número de vacantes. Sin embargo, si este reporte no se entrega a tiempo, el Senado podrá buscar otras formas de conocer las vacantes públicas y así emitir las convocatorias.
Durante la conferencia, se hablaron de las fechas claves para el proceso destacando en un cronograma el 12 de febrero de 2025 como la fecha en la que el Senado integrará, revisará y emitirá los listados de los candidatos al Instituto Nacional Electoral (INE).
Estas iniciativas buscan modernizar y hacer más transparente el proceso de elección de jueces y magistrados, promoviendo una mayor participación ciudadana y fortaleciendo la independencia del poder judicial.
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