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(19 DE JULIO, 2024).- Esta tarde, el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, presentó el decreto publicado en la Gaceta Oficial capitalina por el que se expide la Ley Ambiental de la Ciudad de México y se abroga la Ley Ambiental de Protección a la Tierra.
El mandatario capitalino explicó que esto tiee el objetivo de regir las políticas públicas para la conservación, protección, aprovechamiento sustentable y restauración de los ecosistemas y la biodiversidad.
“El medio ambiente y el agua son temas fundamentales para la viabilidad de la Ciudad de México. (…) Para nosotros es muy importante que lo que vamos haciendo en términos de obra de gobierno esté respaldado por reformas legislativas”, señaló.
Destacó la importancia de incluir el Artículo 159, contenido en el Capítulo VII. “El agua como bien público de la Ciudad de México”, que prohíbe la privatización del agua.
“Dice así: ‘Artículo 159: En la Ciudad de México está prohibida la privatización del agua en cualquier modalidad, así como los servicios que se derivan de su suministro y cobro, por lo que la gestión del agua es pública y sin fines de lucro’. Este artículo me da mucho, mucho, mucho gusto, ya nada más con este artículo, no es el único, pero ya nada más con este, para mí es una buena ley esta nueva Ley de Medio Ambiente”, indicó.
La Ley propone programas de certificación de edificaciones sustentables; fortalece el fomento a la captación de agua de lluvia; el tratamiento y reutilización de aguas; establece la categoría de cuerpos de agua como Áreas de Valor Ambiental y la clasificación de “Cinturones Verdes” para evitar la expansión de la mancha urbana hacia el suelo de conservación; además de la obligación de las empresas constructoras de destinar el tres por ciento del presupuesto de sus obras para la ejecución de medidas ambientales, y de las Alcaldías de contribuir a la implementación de la estrategia para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad.
Finalmente, mencionó otras reformas legislativas impulsadas en su administración, como la eliminación de la división entre suelo de conservación y suelo rural para dar certidumbre a comunidades de Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac y La Magdalena Contreras; el endurecimiento de las penas para quienes cometen el delito de tala ilegal de árboles; y el establecimiento de un Sistema de Captación de Agua de Lluvia en la Constitución local.
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