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(22 DE MAYO, 2024).- La mañana de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que se mantendrá la clausura que hizo a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a más 2 mil 400 hectáreas en Playa del Carmen, Quintana Roo, concesionadas a la filial SAC-TUN —antes Calica—.
Desde Palacio Nacional, el mandatario recordó que la empresa estadounidense Vulcan Materials Company sobreexplotó bancos de piedra triturada, arena y grava para trasladarlas a Estados Unidos.
“No estamos expropiando. Es una clausura porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando se está violando la ley en nuestro país y se está destruyendo nuestro territorio. (…) México tiene mucho potencial económico y, sobre todo —ya lo dije—, cultural y mucha dignidad y ya no son los gobiernos de antes, que eran como peleles de los intereses del extranjero”, subrayó.
Mediante un video proyectado en el Salón de la Tesorería, se explicó detalladamente la destrucción que causó la empresa estadounidense durante 35 años a los distintos ecosistemas interconectados que conviven en el Caribe mexicano. La extracción irracional de materiales provocó la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo y alteró la presión del acuífero, amenazando la calidad y pureza del agua subterránea.
Cabe recordar que esta actividad permitida por gobiernos anteriores representa riesgo de hundimientos y fracturas del subsuelo. A la fecha no se ha podido cuantificar el material pétreo extraído ni los daños. La remoción afectó a los ríos subterráneos y manglares que sirven como refugio y zona de desove de diversas especies.
En este contexto, el jefe del Ejecutivo llamó al pueblo de Estados Unidos a ver la evidencia y que “nos ayuden, porque allá hay organizaciones que defienden con autenticidad el medio ambiente, que sí están preocupados por el cambio climático; ojalá y nos ayuden, que se enteren”.
Asimismo, sostuvo que el gobierno federal no permite la devastación del territorio nacional a cambio de inversiones.
“Nosotros no queremos traer inversión a cualquier precio, mucho menos que venga la inversión a destruir nuestro territorio. No, mejor que no vengan o que se vayan a otra parte. (…) Mientras yo esté de presidente, no vamos a permitir que sigan destruyendo el territorio”, aseveró.
“Lo que yo sostengo es que sería una aberración que se permitiera seguir destruyendo el territorio con un banco de materiales para construir las carreteras en Estados Unidos. Puede ser que les dejen a salvo sus derechos, su propiedad, pero que no exploten o que no dediquen esa propiedad a una actividad que destruye el territorio”, agregó.
La PROFEPA acudió en mayo de 2022 a verificar las actividades de la empresa y de manera preventiva colocó sellos de clausura en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales, acción que continúa vigente.
El mandatario recordó que la adquisición tenía el propósito de convertir el territorio dañado en un proyecto ecoturístico. Los terrenos de selva y manglar serían declarados como Área Natural Protegida (ANP).
“Estamos hablando de una de las zonas más bellas del mundo. Todo esto, ojalá y lo puedan conocer los estadounidenses, el pueblo de Estados Unidos, es una de las zonas más bellas del mundo, entonces empiezan a extraer material, violan todas las leyes ecológicas y todo ese material se lo llevan a Estados Unidos para arreglar las calles de las ciudades de Estados Unidos y las carreteras de Estados Unidos, destruyendo nuestro territorio”, argumentó.
“Esto demuestra el doble discurso, la doble moral; cómo se aprueban leyes en Estados Unidos y en otras partes para cuidar el medio ambiente y se cometen estas atrocidades y luego amenazan de que ya no van a invertir como si se tratara de una cuestión legal, cuando lo que están haciendo es violando leyes, destruyendo el territorio, entonces vamos a seguir con lo mismo y ojalá y recapaciten”, añadió.
Finalmente, anunció que los canales y redes sociales oficiales publicarán la carta que envió a Vulcan Materials Company en julio de 2023, además de la propuesta formal de compra de 2 mil 400 hectáreas con base en un avalúo justo.
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