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(09 DE FEBRERO, 2024).- Este jueves, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, hizo oficial la recepción de las 20 iniciativas de reforma presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero.
De estas, 18 son reformas constitucionales y 2 afectan diversas leyes.
La primera, reforma diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de derecho a la alimentación, ambiente sano y derecho al agua. Fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen y a las comisiones de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para opinión.
Otra, reforma los artículos 3º, 4º y 73 de la Carta Magna sobre protección y cuidado de animales, para establecer la prohibición del maltrato a los animales y facultar al Congreso de la Unión para emitir una ley general en materia de protección de esos seres. Se canalizó a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para opinión.
Una más reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política en materia de Guardia Nacional, a efecto de reconocerla como una fuerza policial de carácter permanente y adscribirla a la Secretaría de la Defensa Nacional. Se mandó a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen y a las comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Ciudadana para opinión.
También, iniciativa que adiciona diversas disposiciones a los artículos 4º y 5º de la Carta Magna sobre protección de la salud por el uso de sustancias tóxicas y prohibición de la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos. Fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen y a las comisiones de Salud, de Justicia y de Economía, Comercio y Competitividad para opinión.
La Comisión de Puntos Constitucionales emitirá dictamen, y las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Transparencia y Anticorrupción, opinión, sobre la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución en materia de austeridad republicana y remuneraciones de personas servidoras públicas; suprime la excepción que permite a personas titulares de órganos jurisdiccionales a nivel federal y estatal no adecuar sus salarios al límite constitucional, y reconoce la austeridad república como principio rector del servicio público.
En tanto, la iniciativa que reforma el artículo 123 de la Carta Magna, con la intención de mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras mexicanas a través de salarios dignos, se hizo llegar a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen y a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Trabajo y Previsión Social para opinión.
La iniciativa que adiciona los párrafos segundo, tercero y cuarto, y se recorre el subsecuente, al artículo 123 de la Carta Magna, con la intención de darle legitimidad a un verdadero sistema de pensiones que brinde una mejor calidad de vida a los presentes y futuros pensionados, que toda persona tenga derecho a recibir una pensión justa y crear un Fondo de Pensiones para el Bienestar, fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen y a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público para opinión.
La Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y las comisiones de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes para opinión, recibieron iniciativa que reforma el artículo 28 constitucional, a fin de recuperar la relevancia del servicio de transporte ferroviario de pasajeros y generar bienestar social en el país.
Finalmente, la Comisión de Gobernación y Población se encargará de dictaminar y las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Transparencia y Anticorrupción de emitir opinión, sobre la iniciativa en materia de simplificación orgánica, que busca racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal, con el fin de eficientar los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente.
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