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(10 DE ENERO, 2024).- Este miércoles, el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, presentó la iniciativa de Decreto por el que se adicionan el Capítulo XV y el Artículo 276 Quater al Título Décimo Octavo del Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal, con el objetivo de prevenir y combatir la corrupción inmobiliaria, al reconocerla como delito y establecer las sanciones correspondientes para los servidores públicos que participen en él.
Durante la presentación en el Patio Oriente del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario capitalino firmó la Iniciativa de Reformas que será presentada ante el Congreso de la Ciudad de México por el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz Suárez, para ser discutida durante el próximo periodo ordinario de sesiones.
“Comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que permita por acción, por omisión o tolere la construcción de inmuebles o la construcción de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. La sanción por las conductas descritas en este artículo será de 10 a 20 años de prisión, con independencia de otras sanciones que correspondan a otros tipos penales. Se agravarán en una mitad más las penas descritas en este artículo, cuando obtenga algún beneficio económico, ya sea en efectivo o en especie el propio servidor público, su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa, directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte. En otras palabras, con este artículo sancionamos al servidor público y a la red de familiares que intervienen actualmente en este tipo de operaciones”, detalló.
Explicó que la corrupción inmobiliaria se refiere al fenómeno que permite a funcionarios públicos acumular riqueza mediante un esquema de empresas y sociedades que les otorgan dinero y/o propiedades para beneficio personal, a cambio de emitir permisos ilegales de edificación. Asimismo, resaltó los efectos sociales negativos y los riesgos de protección civil que genera la construcción irregular de viviendas.
“El objetivo del Gobierno de la Ciudad de México, es ponerle un alto a la corrupción inmobiliaria que está dañando el sano desarrollo urbano de la Ciudad de México. (…) La corrupción inmobiliaria es, en sí misma, un problema de carácter moral, porque significa un enriquecimiento ilícito de funcionarios, de servidores públicos y porque tiene impactos sociales, especialmente en el encarecimiento de la vivienda, en la especulación con los costos del suelo, un impacto en la provisión de agua, un impacto en materia de Protección Civil”, expresó.
Añadió que el marco normativo actual cuenta con los elementos necesarios para perseguir otros delitos relacionados, como enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones, que han permitido sancionar a ex funcionarios públicos de la Alcaldía Benito Juárez quienes, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pertenecían a esta red de corrupción que de 2009 a 2021 contribuyó al crecimiento exponencial de la construcción de niveles que sobrepasan los permitidos por la norma.
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