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(14 DE NOVIEMBRE, 2023).- Esta mañana, el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio presentó los casos de jueces que favorecen presuntos delincuentes.
En un primer caso, el juez José Ezequiel Santos Álvarez otorgó un amparo a Tito “N”, exalcalde en Tierra Blanca, Veracruz, para dejar sin validez la vinculación a proceso decretada en su contra el 24 de septiembre de 2022 por delitos ambientales, ordenando su absoluta e inmediata libertad. El funcionario informó que esta decisión fue confirmada por unanimidad por los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Séptimo Circuito.
En otro caso, acusó al juez José Rivas González de haber aprovechado el día feriado y puente vacacional del 2 de noviembre para cambiar la medida de prisión preventiva a prisión domiciliara al exprocurador Jesús Murillo Karam, acusado de delito de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa.
“Tenemos el caso del exprocurador Jesús `N´, exprocurador en el caso Ayotzinapa. Aquí el 2 de noviembre de 2023, que fue un día feriado y que fue puente vacacional, el juez José Rivas González en audiencia de revisión de medidas cautelares uso el cargo de guardia que le permite sustituir al juez titular de la causa y cambió la medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria argumentando cuestiones de salud en beneficio del exprocurador general de la República acusado de los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia.
“La determinación del juez Rivas González viola el curso regular de la justicia pues aprovechó el sistema de turnos de los juzgados, fijó un plazo de dos hora y media para celebrar la audiencia de revisión de medidas, y además omitió el análisis de alto riego procesal de sustracción presentada por Cenapi, así como la situación de salud del procesado del cual es estable”, acusó.
Finalmente, destacó el caso del juez Juan Fernando Luévano Ovalle a quien señaló conceder una suspensión provisional el pasado 30 de octubre, quien argumentó que dicha reforma podría tener “consecuencias jurídicas de difícil reparación para los promoventes”.
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