Portada: Hernández
(29 DE SEPTIEMBRE, 2023).- Este jueves, desde el Campo Militar número 1, las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa enfatizaron que seguirán en la lucha por saber lo que pasó con los normalistas. “No claudicaremos en nuestra legítima demanda sea el gobierno que sea, pues tiene el deber ineludible de darnos verdad y justicia”, dijeron.
Aseveraron que rechazan “en todos sus términos la ‘narrativa de hechos’ realizada por el gabinete de seguridad, que hizo pública el gobierno federal, considerando al menos las siguientes 6 cuestiones:
1) criminaliza a los estudiantes desaparecidos;
2) diluye la extensión del espectro criminal en Iguala, enfatizando el ámbito municipal, minimizando particularmente el papel del Ejército mexicano de quien omiten señalar el papel en el seguimiento puntual que hizo a los estudiantes y como consecuencia de ello la acumulación de información en sus archivos que dan cuenta de la salida de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, su arribo a Iguala y el momento de su desaparición;
3) presenta conclusiones de lo que ocurrió con nuestros hijos describiendo hechos cruentos contra su integridad física sin sustento probatorio;
4) incorpora declaraciones de testigos que fueron desestimadas por haber sido obtenidas mediante tortura;
5) utiliza capturas de pantallas de chats de WhatsApp no verificados; y
6) omite señalar a los autores de la construcción de la llamada “verdad histórica”.
Por estas falencias, exigimos que esa “narrativa de hechos del gabinete de seguridad” sea retirada.
Por otro lado, enfatizaron que “el informe presentado el día ayer por el Subsecretario de Derechos Humanos se separa de esta ‘narrativa de hechos descrita’, pues no retoma estos seis aspectos, y sobre todo en razón de que por primera vez señala la responsabilidad del expresidente Enrique Peña Nieto y otras autoridades federales del más alto nivel como artífices de la verdad histórica”.
Además, continuaron “hace una descripción de los chats de Chicago, obtenidos por autoridades norteamericanas, que dan cuenta de la colusión de diversas autoridades, incluyendo a elementos del Ejército Mexicano, con el grupo delictivo Guerreros Unidos.
También establece que el Ejército Mexicano aún tiene información en sus archivos misma que debe entregar a las autoridades que investigan el caso, precisando incluso que fueron funcionarios de la COVAJ los que encontraron en archivos militares secretos un documento incompleto relativo a una intervención telefónica que informa del paradero de 17 estudiantes, lo que en sí mismo evidencia que los militares se han abstenido de cooperar proactivamente”.
Consideraron que al referir que existe una nueva instrucción presidencial para que el ejército entregue la información pendiente, abre una ruta que permite continuar el diálogo con las autoridades respecto de las investigaciones para dar con el paradero de nuestros hijos superando las confrontaciones que tuvieron lugar los días pasados.
Por ellos se exige:
1) que a las autoridades cumplan la nueva instrucción presidencial para que el Ejército busque y entregue la información que hemos solicitado;
2) que se abra una investigación penal contra el expresidente Enrique Peña Nieto y las autoridades de alto nivel que se describen en el informe al ser los artífices de la verdad histórica; y
3) que el gobierno cumpla las recomendaciones del último informe del GIEI, particularmente las relacionadas con la entrega de los documentos del Ejército mexicano que son relevantes para el esclarecimiento del caso.
Finalmente, enfatizaron en que estarán pendientes del cumplimiento de estas exigencias y no darán un paso atrás en la lucha por conocer el paradero de sus hijos.
Con información de Centro Prodh.
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