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(27 DE SEPTIEMBRE, 2023).- Esta mañana, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, presentó el segundo informe de la Comisión Ayotzinapa.
En conferencia a medios, el funcionario aseveró que la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) ha demostrado que la mal llamada verdad histórica fue una construcción —elaborada desde el gobierno federal— para encubrir los hechos y legitimar e imponer la versión oficial de la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula y dar carpetazo al caso.
Insistió en que la complicidad de funcionarios de los tres órdenes de gobierno y las acciones concertadas para ocultar la verdad constituyen un crimen de Estado.
Tal es el caso de la junta de autoridades, presidida por el entonces presidente de la República, junto con funcionarios del más alto nivel del gobierno, que fue la responsable directa de la construcción de la llamada verdad histórica. Esta operación al más alto nivel constituye una segunda desaparición de los estudiantes por:
Las omisiones de las autoridades que en todo momento estuvieron informadas y permitieron la violencia y la desaparición de los estudiantes.
La participación con el grupo delictivo en la desaparición de los normalistas.
La manipulación y ocultamiento de evidencias y pruebas.
La creación de escenas del crimen.
La obtención de declaraciones bajo tortura.
La protección a los servidores públicos que participaron en los hechos.
Mentir a los familiares de las víctimas y a la sociedad.
Asimismo, subrató las diferencias entre la verdad histórica y la investigación que lleva a cabo la comisión, y destacó tres puntos:
1. La verdad histórica señala que los estudiantes iban a boicotear el informe de labores de María de Los Ángeles Pineda Villa, entonces presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, y esposa de José Luis Abarca Velázquez, en tanto que la investigación de la CoVAJ refiere que los estudiantes iban a tomar autobuses para trasladarse a la Ciudad de México, a fin de participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre.
2. La verdad histórica acusa que integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos incineraron a los estudiantes en el basurero de Cocula por tratarse de supuestos integrantes de un grupo contrario, denominados Los Rojos, mientras que la CoVAJ reveló que, al considerar las condiciones climáticas del terreno y la vegetación, dicho evento no pudo haber sucedido. En ningún momento los estudiantes estuvieron juntos tras la salida de la terminal de autobuses. Del análisis de las comunicaciones telefónicas y testimonios recabados, se desprende que los estudiantes fueron divididos en al menos tres grupos y llevados a diferentes destinos.
3. Asimismo, la llamada verdad histórica reconstruye los hechos pretendiendo responsabilizar solamente a las autoridades locales vinculadas con el grupo delictivo. Por el contrario, el informe de la CoVAJ detalla que el día de los hechos participaron en colusión con los grupos criminales que operaban en la región autoridades civiles y grupos de seguridad municipal, así como autoridades federales, estatales y elementos del 27 y el 41 Batallones de Infantería.
Por ello, la verdad histórica fue revestida de acciones institucionales y estrategias de comunicación que tenían como finalidad el cierre de las investigaciones para dar carpetazo al caso.
Pretendió presentar las sentencias de los responsables por los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado, con lo que se evitaba abordar lo sucedido desde la perspectiva de la desaparición forzada.
Trató de crear una versión de los sucesos, limitándose a señalar la violencia ejercida por los grupos criminales que operaban en la región, la cooptación de autoridades civiles y grupos de seguridad municipal.
No consideró la participación de elementos de las Fuerzas Armadas de la región y de las autoridades federales involucradas, responsabilizando solamente a las autoridades locales.
Prevalecen las contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos que acreditan abuso de poder y que derivaron en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda y de las investigaciones.
En todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes, desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición.
Sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.
Los estudiantes eran objetivo de inteligencia militar de manera regular desde años atrás de lo sucedido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Los mandos militares no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin, quien se encontraba dentro del grupo de estudiantes.
El grupo delictivo actuó con amplio número de personas a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado.
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