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(09 DE FEBRERO, 2023).- La mañana de este jueves, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) explicó que gobierno mexicano presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano por Genaro García Luna.
Ello, explicó, con la intención de resarcir el daño generado al estado de nuestro país. El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York.
Explicó que los procesos penales “siguen su curso y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante 20 años, incluyendo dentro de estos los seis años del gobierno anterior en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna, cuando ya no era servidor público”.
En este contexto, destacó la existencia de al menos 40 contratos.
“Tenemos un listado de 40 contratos que se llevaron a cabo y que fueron instrumentos para la comisión de delitos de corrupción y el producto de la inmensa mayoría de estos contratos por 745 millones 879 mil 384 dólares con 78 centavos hasta este momento. Estos recursos, producto de estos 40 contratos, que se van a dar a conocer todos, son los que están en este momento en el juicio civil de Florida.
Además, destacó que hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción.
Ello suma un total de 17 millones 930 mil 402, son inmuebles asegurados por la corte norteamericana en el proceso civil que inició el Gobierno de México para recuperación.
Asimismo, dijo:
“Hay una serie de cosas que no son inmuebles, que son muebles, que son por 21 millones 725 mil 419, que fueron vendidos antes de la iniciación del juicio, pero que, de todas maneras, forman parte del juicio para ser recuperados”.
VEHÍCULOS
Destacó especialmente la existencia de vehículos comprados con el erario público:
“Hay una serie de vehículos que llaman mucho la atención, que fueron comprados con este dinero defraudado al pueblo de México a través de esta trama de corrupción que operó como, por ejemplo, un Fiat 500 2013, un Royce Royce 2013, un Ferrari F430, un GMC Terrain de 2006, un Ferrari California 2017, un Maserati Levante 2017, un Jeep Limited Rubicon, un Audi 4, un Lamborghini. Están ustedes viendo de lado izquierdo el nombre del que aparece como propietario y todos están en la trama, todas las personas. Un Jeep Grand Cherokee, un Cadillac Escalade Premium 2015, un Mini Cooper, un Toyota 2015, un Honda Elements, un remolque, un Smart, otro Lamborghini Huracán, un Tesla, un Mercedes Benz 2005, un Land Rover de 2018, un Toyota Camry, un Sea Ray, un Mercedes Benz 2011, un Bentley convertible continental, una embarcación Scout de 2014, un Fiat Cabriolet, un Mazda, un Ford Mustang 1970 de colección, un Mercury Montego 75 también, un Ford Mustang también de colección 1967, otro del año 69, otro del año 70, otro más del año 70, una Harley-Davidson de 2007, otra más de 2009, un Ford Mustang 1970, un Ford Mustang de 1968 también de colección, un Mercedes Benz 2012, otro Mercedes Benz 2010, un Jaguar sedán 2011 y una motocicleta”.
Destacó que esta lista es parcial, es producto de una serie de investigaciones completamente comprobadas que se han realizado porque con el dinero que se robaban compraban cosas con el propósito de mantener el dinero en situación de lavado de todos los que intervinieron en esta trama”, dijo.
FInalmente,Gómez destacó que el Gobierno de México ha bloqueado a solamente 29 millones 920 mil 195, “puesto que una de las características de esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países del Caribe, principalmente Barbados, en donde la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, Florida”. Y explicó:
“Entonces, ellos no tenían recursos en el sistema financiero mexicano, sino que usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con las dependencias públicas de México. Se llegó incluso al extremo de que al gobierno de la Ciudad de México le cobraron una cantidad relevante por un reconocimiento de adeudo de un contrato que nunca fue firmado y que no existió jamás. Esto también ha sido denunciado y las autoridades de la ciudad pues están muy interesadas, están dando seguimiento a esto, porque tiene un origen en el presupuesto local, y la Unidad de Inteligencia Financiera ha dado toda la asistencia y toda la información al Gobierno de México”.
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