“Constitución no es letra muerta”: Celebra AMLO elevación a rango constitucional de derechos y programas sociales

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Portada: Presidencia 

(06 DE FEBRERO, 2023).- Este domingo, al encabezar la conmemoración del 106 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el Gobierno de la Cuarta Transformación, con el apoyo de millones de mexicanos, ha logrado la aprobación de reformas en beneficio del pueblo caracterizadas por la honestidad y el humanismo.

En Querétaro, el mandatario resaltó que se elevó a rango constitucional el derecho de adultos mayores y personas con discapacidad a las pensiones y de estudiantes pobres en todos los niveles de escolaridad a recibir becas.

Destacó que en el artículo cuarto transitorio de la Constitución se establece que el monto de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda, no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

“Esto significa que no solo es un enunciado, un texto, una letra muerta en la Constitución, sino que por primera vez se establece que estos derechos son de aplicación obligatoria para el gobierno de la República”, enfatizó.

En ese transitorio también se garantizan recursos para hacer efectivo el otorgamiento de atención médica y medicamentos gratuitos, estipulados en ley de salud modificada en el actual sexenio con el objetivo de asegurar el acceso a este derecho.

El jefe del Ejecutivo se refirió a cambios legales, que promovió el actual gobierno, dedicados a entregar recursos al pueblo como no se había hecho anteriormente; por ejemplo, la ley de austeridad republicana, “porque es un asunto de principios, no de administración, y no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

Además, la ley de extinción de dominio para recuperar y devolver al pueblo lo robado y la reforma al Artículo 28 de la Constitución, en la que se prohíbe la devolución de impuestos a grandes empresas, lo que ha significado ingresos de hasta 200 mil millones de pesos al año para la Hacienda pública.

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