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(03 DE OCTUBRE, 2022).- Esta mañana, en conferencia de prensa matutina, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, detalló que el Acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía contribuirá a contrarrestar el encarecimiento de productos agrícolas y reducir los costos regulatorios y logísticos para fortalecer la oferta.
Destacó que del 8.8 por ciento de inflación anual en la primera quincena de septiembre, el componente de alimentos abarca el 4.2 por ciento.
El funcionario explicó que debido a esta situación se implementarán las siguientes medidas:
Actualmente el precio máximo promedio de la canasta básica acordada es de mil 129 pesos por 24 productos. La acción coordinada de gobierno, productores y tiendas de autoservicio tiene el objetivo de reducir a mil 39 pesos promedio, 8 por ciento, hasta el 28 de febrero de 2023.
Basado en la confianza, el gobierno federal otorga a las empresas firmantes del acuerdo una licencia única, universal, por lo que hace a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de alimentos de las empresas, las exime de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como del Impuesto General de Importación al Comercio Exterior. De esta manera se les confía la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias de inocuidad y calidad.
¿De qué va el acuerdo?
El acuerdo signado este lunes contempla las siguientes acciones:
Durante la vigencia de este acuerdo y a partir de la licencia, la autoridad suspenderá la revisión de toda regulación que se considere impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país; esto incluye aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional.
Con esta licencia, las empresas se comprometen a llevar a cabo la verificación necesaria que asegure que los alimentos e insumos que se importen y distribuyan sean de calidad y se encuentren libres de contingencias, tanto sanitarias como de cualquier otra índole.
El gobierno mantendrá su política de contención al precio de los combustibles y electricidad establecida desde diciembre de 2018, adicionalmente congelará las tarifas de las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) hasta el 28 de febrero de 2023.
La autoridad atenderá, con el interés de fortalecer la producción nacional, los casos de productos alimenticios que requieran soluciones particulares para sobreponerse a situaciones de competencia desleal, ciclos de consumo, restricciones al comercio u alguna otra que no sea factible de superar por la propia empresa y afecte la oferta de alimentos.
El gobierno hará énfasis adicional en el programa de fortalecimiento de la producción nacional de aquellos granos deficitarios y cancelará por el periodo de este acuerdo la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero utilizado en los envases de alimentos. Se examinará conjuntamente las necesidades de extender esta limitación a otros productos.
En cuanto a la harina de maíz utilizada para la tortilla, las empresas relevantes asumen el compromiso de no subir sus precios durante la vigencia de este acuerdo, en específico, la harina básica extra premium sin conservadores. El esfuerzo se extenderá para alcanzar un precio promedio 3 por ciento menor al máximo promedio actual.
Las empresas firmantes están de acuerdo en aceptar la tarea de verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y que dicha dependencia tenga suficiente autoridad y facultad de sanción en aquellos casos en donde se detecten abusos en la cadena de intermediación y distribución de alimentos.
El gobierno revisará permanentemente el desempeño de este acuerdo en reuniones con las empresas.
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