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(01 DE SEPTIEMBRE, 2022).- Este miércoles, a nombre del Gobierno de México, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas ofreció “disculpas honestas, sinceras, sin dobleces y ambigüedades para las víctimas del atentado del Casino Royale”.
El funcionario calificó este acto como “de terror y de barbarie en agravio de al menos 63 personas, sus familias y de toda la sociedad mexicana”.
“Vengo a nombre del Gobierno de México a ofrecer una disculpa porque la Secretaría de Gobernación y la Dirección General de Juegos y Sorteos falló en la inspección periódica del Casino Royale lo que derivó en estos lamentables hechos”, señaló el subsecretario.
La disculpa del Estado mexicano fue dirigida a las familias de las 63 personas, 52 de las cuales perdieron la vida, así como 11 lesionadas durante el atentado que derivó en el incendio del Casino Royale, ocurrido el 25 de agosto de 2011, en Monterrey.
En el acto, el subsecretario anunció también que desde la Secretaría de Gobernación se tomó la decisión de no otorgar ningún permiso más a las casas de juegos y sorteos hasta que se garantice su funcionamiento transparente y se haga la revisión integral de los permisos que se han entregado, de los cuales muchos se hicieron de forma indebida.
Por su parte, la titular de la CEAV, Yuriria Rodríguez Estrada, dijo que esta disculpa pública concilia al Estado con las víctimas, sus familias y hace fehaciente la necesidad de confrontar los retos en la búsqueda de la justicia, igualdad y seguridad.
En representación de las víctimas, Samara Pérez Muñiz agregó que esta disculpa no se dio antes porque era un tema político. “Por eso estas disculpas son un parteaguas para la sociedad de Nuevo León y México”. Recordó que las personas que perpetraron estos terribles hechos no están sentenciadas en su totalidad y muchas de ellas tienen amparos.
En cumplimiento a la Recomendación 66/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Estado mexicano se comprometió a continuar trabajando para garantizar la reparación integral del daño y atender las omisiones e irregularidades en que incurrieron diferentes autoridades durante el tiempo de operación del Casino Royale, en particular en los temas de seguridad y legalidad.
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