(1 DE DICIEMBRE, 2021) Por Violeta Vázquez Rojas Maldonado.
Hay ciertos empeños de Andrés Manuel López Obrador que pueden confundir a propios y extraños. Uno de ellos es el de la revocación de mandato.
Una pregunta legítima que hacerse al respecto es ¿por qué habríamos de molestarnos en organizar una consulta nacional, que requiere sólo para llevarse a cabo casi tres millones de firmas y, una vez lograda, una participación del 40% del padrón electoral para ser vinculante? ¿De qué sirve todo este esfuerzo para someter a consulta la remoción de un presidente que cuenta con una aprobación superior al 68%?
Algunos detractores del presidente aducen, como lo hicieron en el caso de la consulta popular del 1 de agosto pasado, que se trata de un capricho presidencial y un derroche de recursos. Otros, como el consejero Ciro Murayama, argumentan que es una trampa para ahorcar financieramente al Instituto Nacional Electoral, que tendría que organizar la consulta sin los recursos extras que exigió y no obtuvo del Congreso. Y otros más afirman, de manera todavía más descabellada, que el propósito de Andrés Manuel López Obrador es el de extender su mandato a partir de su ratificación en la presidencia.
Las últimas dos razones que enlisto son demasiado excéntricas para tener que desmentirse, pero concedamos que, dada la alta aprobación con la que cuenta el presidente, y el hecho de que no hay ningún movimiento organizado que exija su destitución, hay un poco de razón en sospechar que someterse a una consulta de revocación parece arbitrario y, por lo tanto, dispendioso.
Esta razón se entiende sobre todo si se tiene la memoria corta. En su discurso de toma de posesión, el 1 de diciembre de 2018, López Obrador repitió algo que había prometido frecuentemente durante su campaña: “Bajo ninguna circunstancia habré de reelegirme, por el contrario, me someteré a la revocación del mandato porque deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos”.
La campaña del 2018 no fue la única ocasión en la que AMLO prometió que pondría a consulta su permanencia en el cargo. Como jefe de gobierno del Distrito Federal, se sometió dos veces a este ejercicio. En la primera consulta, en 2002, 95.3% de un total de 691,619 votantes aprobó su permanencia. En la segunda consulta, en diciembre de 2004, obtuvo el voto favorable de 95% de un total de 556 mil 727 personas. Estas fueron sólo algunas de las consultas que AMLO promovió desde la jefatura de gobierno. También organizó una sobre la construcción del segundo piso del Periférico, y otra donde se preguntaba a la gente si estaba de acuerdo con el horario de verano, entre varias más. La consulta popular y otras formas de democracia participativa no son, pues, ajenas al modo de gobernar de este presidente.
En la reforma política de 2012, en la que se integraron al texto constitucional las figuras de candidaturas independientes, iniciativas ciudadanas de ley y la consulta popular, la revocación de mandato quedó fuera. Un año después de la llegada de AMLO a la presidencia, el Congreso de la Unión, con mayoría de la coalición gobernante, aprobó la reforma a la Constitución que ahora contempla la revocación de mandato en su artículo 35, y dos años después se publicó la ley reglamentaria correspondiente. Qué historia tan distinta habríamos contado si hubiéramos tenido este derecho durante los atroces gobiernos de Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto.
En suma, no debería parecer raro, caprichoso o inmotivado que el presidente insista en una iniciativa largamente anunciada. Lo extraño sería que no se empeñara en ello. Como dijo Hernán Gómez en un debate el domingo pasado: para el presidente, impulsar la revocación de mandato es un acto de congruencia (congruencia de la que, por cierto, careció el exgobernador de Morelos, Graco Ramírez: en dicho encuentro Hernán Gómez le recordó que había prometido someterse a revocación de mandato cada dos años y, a pesar de que la Constitución del estado de Morelos contemplaba la figura, nunca cumplió tal promesa. Ahora resulta que Ramírez es un vociferante opositor a la revocación de mandato presidencial).
No todos los simpatizantes de López Obrador lo apoyan para cumplir este compromiso, pero incluso entre quienes sí, algunos parecen dudar de su pertinencia. La duda se delata por una acrobacia discursiva: como si les incomodara buscar abiertamente las firmas para consultar la revocación del presidente, algunos promoventes invitan a juntar firmas para “ratificarlo”, lo cual da al traste con la racionalidad detrás de la consulta. Si el lema que sustenta la revocación es “el pueblo pone y el pueblo quita”, llamar a este ejercicio “ratificación” sería cambiar el lema por “el pueblo pone y el pueblo vuelve a poner” y, como se puede apreciar, eso de ninguna manera condensa el espíritu de soberanía popular en el que descansa este derecho ganado.
En fin, para lograr la consulta de revocación de mandato se habrán de vencer muchas inercias, campañas de boicot y trampas conceptuales. A esto agreguemos que, de las casi 352 mil firmas que se habían recabado hasta hace una semana, el INE había invalidado, por inconsistencias o duplicidad, unas 51 mil. Al corte del 28 de noviembre se han enviado al instituto 743,899 firmas de apoyo pero, si la tendencia se mantiene, es probable que se rechace una de cada seis. El esfuerzo requerido para lograr que se realice la consulta, pues, no será menor, pero tendrá sentido si se valora la congruencia y el derecho de la ciudadanía a deshacerse de los gobernantes que no quiere tener más, aunque este en particular no sea uno de ellos.
