(29 DE NOVIEMBRE, 2021) Por J. Jesús Esquivel.
Washington – Lo honesto, correcto y humanamente lógico sería que ante la realidad del horror como la de México: miles y miles de muertos, balaceras constantes y tanto narcotraficante, los fabricantes de armas de Estados Unidos contribuyeran como corresponsables de la tragedia a buscar una solución viable y sana a tan inmenso problema.
La guerra es un gran negocio, así nos lo ha demostrado la historia mundial y me reservo por dignidad describir ejemplos tangibles. El gobierno de México interpuso una demanda civil contra 11 empresas fabricantes de armas de Estados Unidos ante la Corte Federal en el estado de Massachusetts. El argumento de la querella mexicana señala a las 11 empresas como cómplices del tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México y por antonomasia, de las decenas de miles de homicidios cometidos que involucran a los arsenales que fabrican.
La semana pasada los demandados presentaron al juez Dennis Saylor, encargado del caso en la Corte de Massachusetts, una especie de argumento mimetizado exigiendo desechar el caso. Un alegato jurídicamente impecable a la vista y análisis de cualquier experto en leyes de los Estados Unidos. Ellos no venden al menudeo sus armas y sus ventas a los distribuidores -las armerías que se cuentan por miles en los 50 estados de la Unión Americana- cumplen a cabalidad con las leyes locales, estatales y federales. Agregan que ellos no saben ni tienen control de los particulares que legalmente compran las armas de todo tipo y calibre y que después en el mercado negro trafican a México. La exigencia de los fabricantes de armas aromatizada con una conmiseración no es descabellada y aunque quisiéramos su fracaso, tiene grandes posibilidades de ser aceptada y avalada por el juez Saylor.
El magistrado de Massachusetts impuso al próximo 23 de diciembre como fecha límite para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador emita una respuesta a la posición de los armeros. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) debe contestar por escrito. No hace falta ser adivino para adelantar que la dependencia a cargo de Marcelo Ebrard se mantendrá en su acusación y por ende, argumentará al juez que la querella se debe resolver en un juicio.
México quiere también que las empresas sean declaradas partícipes del tráfico ilegal de armas que empodera a criminales y narcotraficantes y pague una compensación de cientos y hasta miles de millones de dólares a los deudos de víctimas de los imparables homicidios y la violencia.
No soy ave de mal agüero ni deseo serlo jamás, pero como siempre la clave está Entre calaveras y diablitos; debemos entender que jurídicamente por ahora y en el papel, las leyes de Estados Unidos se ven del lado de los demandados por el gobierno de AMLO. Todo lo hacen en cumplimiento con los edictos locales, federales y estatales.
Apátrida, me dirán algunos lectores de esta columna en el patíbulo del Averno y casa de El Chamuco. No obstante me veo obligado a narrar lo que recientemente me confesó un alto funcionario de la SRE en Estados Unidos:
El temor a que el juez dé la razón a los 11 fabricantes de armas y no sólo eso, sino que con la celebración de un juicio, los armeros contrademanden al gobierno de AMLO por daños y perjuicios, lo que conllevaría a pagar cientos y hasta miles de millones de dólares.
El 27 de enero de 2022 se celebrará en la Corte de Massachusetts la audiencia para definir si se desecha la demanda o procede. Si Saylor niega el pedido de las 11 empresas podría haber juicio. Lo cual no significa que le esté dando la razón al gobierno de AMLO, ya que el proceso judicial será largo, desgastante e incluso altamente arriesgado si al final la conclusión determina que los fabricantes de armamento no tienen vela directa ni material en el tráfico ilegal de sus arsenales.
Nadie es ajeno a otra realidad: que entre los grandes conglomerados de la industria de la guerra, no hay moral ni les importa la muerte de inocentes y empoderamiento de los criminales y cárteles de la droga. Como también argumentan los 11 fabricantes de armas, nadie más que las autoridades de México tienen la responsabilidad de vigilar todo lo que entra y sale al territorio mexicano por sus fronteras y, en eso creo que tristemente tienen la maldita razón. Sanear las aduanas es difícil.
*J. Jesús Esquivel es periodista, escritor, editor y productor mexicano. Actualmente es corresponsal en Washington de Proceso y colaborador de Aristegui Noticias.
