Portada: Segob
(13 DE AGOSTO, 2021).- Este jueves, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, encabezó mesas de trabajo para dar seguimiento y cumplir con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de las comunidades de Zimatlán y Santo Domingo Ixcatlán, ubicadas en el estado de Oaxaca, como parte del compromiso del Estado mexicano ante organismos internacionales.
Acompañado por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, el subsecretario Alejandro Encinas atendió la primera mesa que tuvo como objetivo escuchar el informe de la comisión de mediación sobre la atención que ha dado, en coordinación con autoridades del Estado mexicano, sobre el conflicto territorial y social entre las comunidades de San Sebastián Nopalera, Santa Lucía Monteverde y Zimatlán de Lázaro Cárdenas.
De acuerdo con un comunicado emitido por la dependencia, la Secretaría de Gobernación asumió el compromiso para que, en coordinación con el gobierno de Oaxaca, se establezca la ruta para la consolidación de un acuerdo de paz como componente necesario a fin de concretar una reparación integral del daño.
En relación con las medidas cautelares a favor de la comunidad de Santo Domingo Ixcatlán, y en seguimiento a la visita efectuada a dicha comunidad el 13 de julio pasado por parte de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca, se celebró una reunión de seguimiento con objeto de generar acciones puntuales a fin de que los hechos que puedan constituir delitos en agravio de la población beneficiaria se investiguen con mayor contundencia.
Durante la segunda mesa los presentes se comprometieron a generar acciones puntuales para que los hechos que pudieran constituir delitos en agravio de la población beneficiaria se investiguen.
Asimismo, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el gobierno local acordaron coordinarse para solventar posibles irregularidades en materia agraria, particularmente en agravio a mil 13 comuneros, incluyendo a 22 personas que son beneficiarias de la citada medida cautelar.
CONOCE MÁS:
