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(04 DE AGOSTO, 2021).- El día de hoy se llevó a cabo la presentación de acciones legales en contra de la comercialización de armas y su tráfico ilícito a México, encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Ésta contó con la presencia del senador Ricardo Monreal Ávila; del diputado Ignacio Mier Velazco; del consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio Alcántara; del fundador de la firma Hilliard & Shadowen, Steve Shadowen; y de la académica especialista en temas de seguridad en México, María De Haas Matamoros.
En la presentación, los miembros del panel conversaron sobre las acciones negligentes de empresas involucradas en el comercio de armas, mismas que fomentan el acceso a armas de alto poder como las utilizadas en ataques masivos y en incidentes de violencia en México.
La cancillería aseveró que las organizaciones criminales en ambos lados de la frontera compran en supermercados, por Internet, ferias de armas y a traficantes, miles de pistolas, rifles, armas de asalto y municiones, que son utilizadas en la comisión de actos ilícitos en México.
“Por lo anterior, resulta indispensable para el Gobierno federal iniciar una acción legal factible en los Estados Unidos en contra de quienes producen las armas que están íntimamente vinculadas a la violencia que se vive en nuestro país”.
Explicó que la demanda no pretende cuestionar el derecho a comerciar armas en otro país, sino denunciar que determinadas prácticas negligentes en ese comercio generan un daño en México.
En el marco de estas acciones, el canciller Ebrard señaló que el día de hoy se presentó una demanda civil de daños “para que las empresas demandadas compensen al Gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes”. Indicó que el monto de esta exigencia será determinado en el juicio.
El secretario enfatizó que es necesario que las empresas “desarrollen e implementen estándares razonables verificables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores”. Añadió como esencial que también incorporen mecanismos de seguridad en sus armas para prevenir que sean usadas por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia; que paguen los estudios, los programas, las campañas en medios y otros eventos enfocados a combatir el tráfico ilícito; que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño y muertes en nuestro país.
El argumento central del litigio es que, desde hace varias décadas, las empresas demandadas son conscientes de que las armas que comercializan son traficadas y usadas en actividades ilícitas en México, inclusive en ataques en contra de las autoridades. Sin poder ignorar el uso que se da a esas armas en México, los demandados promueven su venta al público en general destacando sus características militares, permiten ventas múltiples a un solo comprador y facilitan las ventas entre particulares, en las que no se efectúan revisiones de antecedentes del comprador o del origen del arma.
De igual manera, el consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio, dejó claro que esta demanda no es en contra del Gobierno de los Estados Unidos, “a quien le reconocemos el esfuerzo y el ánimo de tratar de detener el tráfico ilícito y su convicción de establecer regulaciones”, sin embargo, mencionó que estas acciones no han sido suficientes para evitar el trasiego de armas de alto poder a nuestro país.
Por su parte, la académica María De Haas subrayó que el tráfico de armas “es el antagonismo sistémico que está generando afectaciones multidimensionales en la región”, pues la violencia que genera el aumento de poder de fuego de los delincuentes genera movimientos migratorios en Centroamérica; a su vez, el poder armamentista es usado para proteger mercancía ilícita, como los precursores químicos y opioides sintéticos, dentro de los cuales el fentanilo es el de más gravedad. En este sentido, aseguró que “el tráfico de armas debe ser visto como el catalizador de amenazas más preocupante de este siglo”.
Finalmente, Steve Shadowen, de la firma Hilliard & Shadowen, hizo hincapié en que este es un litigio estratégico para dar cuenta de lo que no se ha hecho en materia de tráfico de armas, por lo que vale pena destacar las áreas de oportunidad, como la responsabilidad de los productores y distribuidores de armas, toda vez que ellos “cuentan con información y datos en tiempo real respecto a quiénes están comprando las armas y en dónde”.
La demanda del Gobierno de México en contra del comercio negligente de armas en Estados Unidos y de su tráfico a México es una iniciativa basada en la confianza en las instituciones de ambas naciones, destacó la dependencia. Reiteró que el propósito es combatir un problema regional de grandes magnitudes que cobra muchas vidas humanas, y que se suma a los distintos esfuerzos que realiza nuestro país para combatir al tráfico ilícito de armas.
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